Apuntes del Derecho Internacional: ¿Qué es el Derecho Internacional Ambiental?

Por Derecho Internacional Ambiental se entiende aquellas “reglas sustantivas, procesales e institucionales del Derecho Internacional cuyo objetivo primordial es la protección del ambiente”.[1] Como se desprende de esta definición, el Derecho Internacional Ambiental acapara una amplia y diversa red de normas internacionales. Su hilo conductor es el interés y el esfuerzo de Estados y otros actores internacionales —como, por ejemplo, organizaciones no-gubernamentales y representantes de la sociedad civil y de la comunidad científica— de promover acción colectiva y pautar estándares de conducta dirigidos a conservar el medioambiente y evitar daños ambientales comúnmente irreversibles. Así definida, esta área del Derecho Internacional incorpora tanto instrumentos internacionales autónomos cuya temática propiamente es el medioambiente, como también disposiciones procesales o sustantivas incluidas como parte de acuerdos bilaterales o multilaterales, cuyo enfoque u objetivo principal es otro. Como ejemplo de los primeros podemos identificar la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y su Protocolo de Kioto. Con relación a los segundos, cabe resaltar aquellas disposiciones que permiten que los Estados adopten medidas para proteger el medio ambiente dentro del marco de las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC, o WTO por sus siglas en inglés).

No obstante, la prominencia actual y el reconocimiento del Derecho Internacional Ambiental como área particular del Derecho Internacional es de recién estirpe. Lo cierto es que la protección del ambiente no constituyó uno de los propósitos y principios enumerados en la Carta de la ONU en 1945. Los conocedores del tema más bien apuntan la Conferencia de la ONU sobre el Medio Humano de 1972[2] (también conocida como la Conferencia de Estocolmo) como el punto de partida del desarrollo subsiguiente de lo que hoy conocemos como el Derecho Internacional Ambiental.[3] Desde entonces, el mismo ha experimentado un crecimiento extraordinario, si tomamos cuenta del número y la variedad de instrumentos e instituciones internacionales que hoy atienden la problemática de la protección y conservación del medio ambiente. Durante este proceso de crecimiento se ha ido desarrollado una serie de principios clave que, por un lado, informan la aplicación contemporánea de las normas del Derecho Internacional Ambiental, y por el otro, articulan sus metas aspiracionales. Estos principios bajo los que se rige el Derecho Internacional Ambiental incluyen: (1) el principio de acción preventiva; (2) el principio de cooperación; (3) el llamado Principio 21; (4) el principio de desarrollo sostenible; y (5) el principio de precaución.[4]

  1. Principio de Acción Preventiva

El principio más general del Derecho Ambiental Internacional es el de acción preventiva, también conocido como la obligación de prevenir.[5] Como norma vinculante, la misma obliga a los Estados a que tomen acción dirigida a prevenir el daño ambiental, y/o a reducir, limitar o controlar aquellas actividades que generen o tengan el potencial de generar tal daño.[6] Por ser una obligación general, es aplicable a cualquier evento que implique un riesgo de daño ambiental.[7] Ahora bien, aunque este principio tiene un enfoque interno, ya que se entiende que solamente impone a los Estados una obligación de prevenir el daño dentro de su propia jurisdicción, el mismo requiere que las acciones correspondientes estén en conformidad con estándares internacionales,[8] entiéndase convenios, el derecho internacional consuetudinario y las declaraciones de instituciones internacionales.  Actualmente, este principio está incorporado en varios instrumentos, entre ellos la Declaración de Estocolmo de 1972, la Declaración de Río de 1992 y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

  1. Principio de Cooperación

Este principio apunta a la necesidad de que los Estados participen en acción colectiva para proteger el medio ambiente y reducir las múltiples amenazas a su integridad. Por ejemplo, el principio de cooperación comúnmente le impone a Estados la obligación de (1) proveer asistencia a otros Estados mediante la transferencia de conocimiento técnico y/o ayuda económica; (2) notificar y compartir información cuando los intereses de otro Estado están implicados; y (3) participar en la toma de decisiones de manera colectiva, particularmente cuando se trata de recursos compartidos, como por ejemplo ríos fronterizos y otros cuerpos de agua que colindan con el territorio de varios Estados.[9] En sus decisiones, los foros internacionales adjudicativos han tendido a enfatizar este principio sobre los demás aquí enumerados, lo que no ha de sorprender al considerar que la función principal de estos cuerpos es la resolución pacífica de disputas entre Estados.[10] El principio de cooperación ha sido incorporado en numerosos instrumentos internacionales como la Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Convenio de Helsinki sobre la protección y uso de los cursos de agua transfronterizos y los lagos internacionales. Como regla general, este principio encuentra su máxima expresión en aquellos requisitos procesales dirigidos a asegurar cumplimiento con los objetivos de estos instrumentos internacionales.[11]

  1. Principio 21

El Principio 21 de la Declaración de Estocolmo dispone que “los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.” Esta norma fue luego reafirmada en el Principio 2 de la Declaración de Río de 1992. A primera vista, el Principio 21 se asemeja al principio de prevención. No obstante, el primero surge como corolario de dos principios básicos del Derecho Internacional, a saber: el principio de soberanía y el principio de igualdad de Estados. Por tanto, mientras que el Principio 21 prohíbe que un Estado le cause o permita que otra entidad le cause daño al territorio de otro, el enfoque del principio de prevención es la prevención de daños ambientales como tal. La idea básica del Principio 21 es identificar un balance entre los derechos e intereses soberanos de un Estado que genera contaminación con los intereses de aquellos Estados afectados por dicha contaminación. El resultado es que el principio de soberanía, por un lado, protege el primero de indebida interferencia externa con la formulación de política pública con respecto a su medio ambiente, y por el otro, le otorga al segundo importantes derechos en situaciones en que este sufre daños atribuibles al primero.

  1. Principio de Desarrollo Sostenible

El término “desarrollo sostenible” data del reporte de la Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1987 (Informe Brundtland) que lo define como aquel desarrollo capaz de “[s]atisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”. Hoy se entiende que el mismo conlleva atender cuestiones de desarrollo económico, protección ambiental (incluyendo salud humana) y desarrollo social (incluyendo derechos humanos) como un conjunto.[12] El principio de desarrollo sostenible fue adoptado oficialmente en la Declaración de Río de 1992 y también ha sido incorporado en varios acuerdos multilaterales, entre ellos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en temas medioambientales, y el Declaración de Marrakech que creó la OMC.

  1. Principio de Precaución

Este principio representa lo que un observador ha catalogado como “el desarrollo más prominente —y quizás el más controversial— dentro del Derecho Internacional Ambiental durante las últimas dos décadas”.[13] El mismo opera sobre dos premisas básicas: (1) que el medio ambiente es, por su propia naturaleza, vulnerable; y (2) que existen límites a la capacidad de la ciencia para predecir con suficiente certeza la existencia de amenazas a su composición e identificar e implementar alternativas a aquellas actividades que generar dichas amenazas.[14] Por tanto, en el contexto de formulación de política pública ambiental, el principio de precaución postula que, enfrentados con incertidumbre científica, los tomadores de decisiones deben gozar de un amplio “margen de apreciación” que les permita tomar medidas proactivas para proteger el ambiente. En otras palabras, estos tienen la responsabilidad de regular o hasta prohibir actividades o productos incluso cuando aún no se ha demostrado con certeza científica que las mismas son dañinas.[15] Un ejemplo de la aplicación de este principio en este ámbito es la decisión de la Unión Europea en 1989 de prohibir la comercialización de carne tratada con ciertas hormonas de crecimiento. En el contexto adjudicativo, la adopción del principio de precaución podría llevar a un traslado del peso de la prueba. [16] En vez de un reclamante tener que demostrar la existencia de un daño ambiental atribuible a un Estado o un ente privado autorizado por este, el Estado que desea llevar a cabo la actividad o desarrollo en cuestión tendría el peso de probar no generaran daños ambientales. Hasta ahora, los tribunales internacionales se han mostrado reacios a adoptar tal doctrina, aunque algunas decisiones recientes han reflejado ciertos aspectos del principio de precaución[17] y el mismo ha sido invocado por Estados como una defensa y justificación para la toma de ciertas decisiones de política pública.[18]

Preparado por: Gabriel Espinosa González

[1] Phillippe Sands, Principles of International Environmental Law, Second Edition, 15 (2003).

[2] Declaración de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano (Declaración de Estocolmo), 16 June 1972, U.N. Doc. A/Conf.48/14/Rev. 1(1973).

[3] Diego Uribe Vargas y Fabián Augusto Cárdenas Castañeda, Derecho Internacional Ambiental, 93 (2010).

[4] Id.

[5] Castañeda, supra nota 3, en la página 186.

[6] Sands, supra nota 1, en la página 246.

[7]  Castañeda, supra nota 3, en la página 186.

[8] Sands, supra nota 1, en las páginas 246-247.

[9] Castañeda, supra nota 3, en las páginas 217-21.

[10] Id., en las páginas 223-24.

[11] Convención sobre la biodiversidad biológica, 5 junio 1992, (entró en vigor 29 diciembre 1993), arts. 5, 18, 1760 UNTS 79; Convenio de Helsinki sobre la protección y uso de los cursos de agua transfronterizos y los lagos Internacionales, 17 marzo 1992 (entró en vigor 6 October 1996), art. 194(1) 1936 UNTS 269.

[12] Daniel Barstow Magraw y Lisa D. Hawke, Sustainable Development, en The Oxford Handbook of International Environmental Law, 611-38, 614, (Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, y Ellen Hey eds., 2007).

[13] Jonathan B. Wiener, Precaution, en The Oxford Handbook of International Environmental Law, 597-612, 599, (Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, y Ellen Hey eds., 2007).

[14] Castañeda, supra nota 3, en la página 195.

[15] Sands, supra nota 2, en página 7.

[16] Id. en página 273.

[17] Véase Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovkia), Judgment 25 September 1997, [1997] I.C.J. Rep. 92.; Southern Bluefin Tuna (Australia and New Zealand v. Japan), Provisional Measures, 27 August 1999, 39.I.L.M. 1359 (2000); MOX Plant Case (Ireland v. United Kingdom), 24 June 2003, 42 I.L.M. 1187 (2003) EC Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), Appellate Body Report, Doc. WT/DS26/AB/R (1997), adopted 16 January 1998 [Hormones].

[18] Castañeda, supra nota 2, en página 199.

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