El recurso de amparo mexicano: un proceso alterno para la vindicación de derechos

Por: Adriana N. Huertas Ortiz

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece un mecanismo procesal distinto al estadounidense para asegurar los derechos personales de la ciudadanía. El Recurso de Amparo tiene su origen en el siglo XIX en la Constitución de Yucatán. Se incorporó a la Ley Nacional como parte de la Reforma de 1847 que modificó la Constitución federal de México de 1824. El recurso representa un esfuerzo por incorporar la revisión judicial, formulada por la Corte Suprema de Estados Unidos de América en Marbury v. Madison, a la Constitución de México.

Cuando una persona siente que las autoridades han violentado sus derechos, en vez de levantar un reclamo ordinario, puede optar por acudir al Recurso de Amparo, poniendo en marcha un proceso extraordinario de gran rapidez y simplicidad. No obstante, el sistema legal mexicano difiere del estadounidense en cuanto al efecto que surten las decisiones en los casos que se ven bajo el Recurso de Amparo.

Las decisiones judiciales en demandas individuales no tienen efecto erga omnes. Por lo tanto, lo que se decide en un caso solo afecta a las partes envueltas y no se puede utilizar como precedente en reclamaciones ulteriores. Como nada en el mundo del Derecho es absoluto, existen excepciones a esta norma. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo mexicano constituyen ley si están apoyados por cinco decisiones consecutivas e ininterrumpidas.

El Recurso de Amparo, en su forma tradicional, permite que los individuos aseguren sus derechos fundamentales. Sin embargo, en la actualidad es posible retar cualquier acción, resolución o precepto del sistema legal mexicano. El Recurso se puede levantar en contra de actos administrativos, legislativos y adjudicativos. Cuando se levanta en contra de actos administrativos y legislativos se hace de manera indirecta, ya que algunas leyes perjudican al individuo cuando se aplican y no necesariamente por su mera existencia. En este tipo de situaciones, el recurso se presenta de manera indirecta debido a que la orden descansa en un estatuto cuya inconstitucionalidad depende del resultado de la decisión del caso. Cuando se levanta en contra de actos adjudicativos, el Recurso debe presentarse de manera directa en contra del cuerpo que emitió la decisión, ya que se intenta demostrar la ilegalidad de la determinación judicial final.

La decisión de Mex. Sugar Workers Union v. Abel Hernández Rivera generó gran controversia. El caso es un buen ejemplo del Recurso de Amparo en acción. El mismo surge cuando un grupo de trabajadores retó la constitucionalidad de las cláusulas de exclusión de un contrato, mediante las cuáles el patrono acordó despedir a cualquier empleado que abandonara la unión. Los hechos tomaron lugar el 18 de mayo de 1998, cuando la refinería de azúcar, El Portero Inc., impidió que los trabajadores entraran al área de trabajo. Cuando los trabajadores pidieron una explicación, se les presentó un documento de la Unión que autorizaba a los patronos a despedirlos por haber abandonado la misma. El foro inferior les concedió el amparo y declaró inconstitucional la disposición porque contravenía el derecho de libertad de asociación, así como el derecho de los empleados de abandonar o permanecer en una organización.

Consecuentemente, los demandados apelaron la decisión del foro inferior. El tribunal decidió que es contradictorio y legalmente inaceptable decir que las leyes secundarias pueden autorizar acciones que la Constitución claramente estipula como ilegales. Las cláusulas de exclusión de la ley laboral en controversia violentaban las garantías constitucionales de los trabajadores, y por ser la Constitución la ley suprema y las leyes secundarias, leyes subsidiarias, las segundas están obligadas a ceder. Los intereses generales de la unión no tienen prioridad alguna sobre los derechos individuales de los trabajadores. Sin embargo, tan importante decisión solo tiene efecto ad hoc, esto significa que solo es vinculante entre las partes del pleito.

Encuentro sumamente interesante cómo México trata su jurisprudencia y cómo decide cuándo es vinculante erga omnes. A primera vista podría parecer algo insensato decidir la inconstitucionalidad de una disposición, reglamento, ordenanza o ley, pero no hacerlo de manera que trascienda el caso particular que se está viendo. Si es inconstitucional para uno, debería serlo para todos, ¿no? Específicamente, en este caso sí se probó que esta ley laboral violentaba derechos constitucionales de sus trabajadores, ¿porqué no declararla inconstitucional para proteger a toda la clase trabajadora del país?

Al intentar un análisis objetivo, noté que estaba comparando este sistema con el sistema jurídico puertorriqueño y estadounidense. En nuestro sistema, una vez se declara inconstitucional una ley, queda como inconstitucional para la posteridad. Desde la perspectiva de toda y todo puertorriqueño, esto tiene sentido. Ahora bien, analizándolo desde el punto de vista mexicano, y considerando todas las variables que su sistema jurídico tiene, entiendo y logró hallar su particular sentido. Cuando en cinco decisiones consecutivas e ininterrumpidas, el tribunal decide lo mismo, entonces se puede llegar a la conclusión que tal determinación ha establecido un precedente. ¿Porqué? Porque luego del quinto caso, cada uno con una situación distinta, el tribunal ha decidido que no va a cambiar de opinión y que no importa cuánto cambien las variables, el resultado será el mismo. Es una manera muy meticulosa y cuidadosa de crear Derecho.

Somos testigos de cómo en nuestro ordenamiento jurídico se revierten decisiones con frecuencia, creando confusión, otorgándole derechos a unos y negándole derechos a otros. Quizás, una manera eficiente de garantizar que una decisión sea vinculante para todos, es juzgándola a la luz de pasadas decisiones. Puedo entender el miedo asentado entre los mexicanos de hacer de una tesis, jurisprudencia, cuando es posible que en el futuro no muy lejano, en un nuevo caso, se decida lo contrario.

En Puerto Rico estamos limitados por los precedentes, y, aunque nuestra conciencia nos dicte algo diferente, son esos precedentes los que nos llevan a tomar la decisión que está en Derecho. Tener un sistema como el de México fortalecería la jurisprudencia de nuestro país porque el derecho no se crearía por la decisión de un caso o controversia, si no por la recurrencia de un sistema de pensamiento, de una opinión jurídica, que no cambia con el tiempo ni las circunstancias.

Otro aspecto del caso que me llamó muchísimo la atención fue la dualidad entre la ley suprema de un país y las leyes secundarias. Me fascinó cuando el tribunal declara que de ninguna manera los intereses generales de la compañía estarán sobre los derechos individuales de sus empleados. Esta protección de los menos poderosos es una gran victoria para un país como México, que ha sufrido tanta corrupción. Además, recalcar que las leyes secundarias no pueden ir sobre la Constitución, es recordar que los derechos no pueden ser violentados por caprichos, sin importar cuánto dinero o poder haya en medio.

Por último, el Recurso de Amparo, al ser expedito, es una opción viable para sistemas de Derecho que no cuentan con métodos eficientes de revisión judicial. Un ejemplo de esto es Brasil, que no cuenta con el recurso de Certiorari, obligando al tribunal a ver demasiados casos, muchos de ellos triviales. Contar con un recurso que sea simple y rápido agiliza el acceso a la justicia de los individuos miembros de la sociedad. Al fin y al cabo, ¿no debe ser el acceso a la justicia una prioridad en todo sistema jurídico? Claro que debe serlo, pero bien sabemos que el querer y el hacer son cosas muy distintas.

Un recurso como este, que no asegura los mismos derechos para todos, genera gran polémica, ya que decidir una controversia jurídica de diversas maneras es violentar el debido proceso de ley de cada individuo. Sin embargo, aunque controvertible, surte efecto y es formidable opción para velar por los derechos fundamentales de los individuos.

Tratar de juzgar este recurso desde la perspectiva puertorriqueña puede ser muy injusto. Los seres humanos tendemos a establecer estándares desde nuestra realidad, desde lo que consideramos normal. Para otros, el sistema jurídico puertorriqueño puede estar lleno de lagunas e inconsistencia que parecerían escandalosas e insensatas. Seguramente, para las y los mexicanos, su sistema funciona. Para mí fue sumamente necesario cambiar el lente con el cual estaba leyendo este caso; fue necesario remover lo que conocía o creía que era lo correcto en Derecho para tratar de entender las razones que llevaron a la implementación de este sistema. Aun así, no creo que el sistema que utiliza el estado de México para crear jurisprudencia vinculante es el más eficiente, pero tampoco creo que el de Puerto Rico lo sea.

Todos los sistemas tienen sus faltas y lagunas, lo importante es que cada país encuentre un sistema que responda a sus necesidades particulares, de manera que aseguren un sistema justo y eficaz. Para el boricua, una sola opinión judicial es suficiente, para el mexicano, cinco. Cada cual juzga el mundo desde su perspectiva, cada cual piensa la realidad desde sus zapatos. Al fin y al cabo, de eso se trata.

Foto por: Ana G. Huertas Ortiz

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