Apuntes de Derecho Internacional: ¿Qué es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos?

La preocupación por el bienestar humano individual se filtró en el sistema internacional en los siglos XVIII y XIX. Antes de esto, el Derecho Internacional y el Derecho que regía la vida individual eran dos entes distintos. El Derecho Internacional existía solo entre Estados, y regulaba únicamente las relaciones entre Estados en el ámbito estatal. Los Estados se preocupaban por sus funcionarios, sus cuerpos diplomáticos y sus bienes en territorio extranjero, así como por el bienestar de sus nacionales y el patrimonio de estos en el territorio de otros Estados. Una afrenta contra un diplomático o una lesión a un ciudadano o a su propiedad era considerada una afrenta contra el Estado, pues interfería con las funciones del mismo y perturbaba sus relaciones de amistad. Sin embargo, lo que hacía, o dejaba de hacer, un Estado dentro de sus fronteras en relación a sus propios ciudadanos se consideraba un asunto interno, un elemento de su autonomía, una cuestión de su “jurisdicción doméstica”. Más allá de las ideas de Locke, Montesquieu y Rousseau, y de la influencia del constitucionalismo estadounidense y la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, no existía un interés en el bienestar de otros países o una preocupación legítima por los seres humanos en general. Lo que existía era el deseo de impulsar agendas políticas y económicas —un deseo que iba muy por encima de motivaciones humanitarias o altruistas.

El fin de la Segunda Guerra Mundial, el establecimiento de los juicios de Núremberg y la creación de la Carta de las Naciones Unidas de 1945, marcaron un punto de inflexión en el acercamiento tradicional al Derecho Internacional. Estos eventos históricos dieron lugar al reconocimiento de la responsabilidad individual por crímenes contra la humanidad bajo el Derecho Internacional y a la afirmación de la existencia de los derechos humanos individuales protegidos internacionalmente. En el 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó —sin oposición— la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH). Allí, se establecieron ampliamente los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los que todos los seres humanos deben gozar por virtud de su humanidad. Durante 28 años, la Declaración Universal, que no vincula a los Estados bajo el Derecho Internacional, constituyó por si sola el baluarte del régimen incipiente de los derechos humanos. Esto, hasta que en el 1976, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales alcanzaron el número de ratificaciones necesarias para su entrada en vigor. Junto con la Declaración Universal, estos dos instrumentos vinculantes y con disposiciones más específicas formaron la llamada “Carta Internacional de Derechos Humanos”, cual hoy por hoy se concibe como la piedra angular del sistema universal de derechos humanos.

Desde la segunda mitad del siglo XX, la ONU ha desarrollado una amplia gama de tratados multilaterales de derechos humanos sobre temas más limitados o centrados que la Carta Internacional de Derechos Humanos. Entre ellos se encuentran: la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1969); la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1981); la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1987); la Convención sobre los Derechos del Niño (1990); la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (2003); la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008); y la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2010).[1] Cada uno de estos instrumentos profundiza aun más el contenido de los derechos descritos en los dos Pactos Internacionales, y crea obligaciones jurídicas para los Estados Parte relativas a la promoción y protección de los derechos humanos a nivel nacional. Cuando un país acepta adherirse a uno de estos acuerdos, asume la obligación jurídica de promover, proteger y respetar el disfrute de los derechos establecidos en ese tratado. De igual forma, se obliga a someter informes periódicos al comité creado en virtud de ese tratado, detallando las medidas que ha tomado para implementar sus disposiciones.[2]

A pesar de cubrir un terreno amplio, los tratados no son un catálogo definitivo de las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. Si bien el sistema de tratados de la ONU conforma la columna vertebral del régimen normativo de los derechos humanos, otros mecanismos aumentan la protección que se ofrece a las personas en el plano internacional. Entre estos mecanismos se encuentran: los expertos independientes, las Relatorías, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y los sistemas regionales de derechos humanos que operan en Europa, América y África. También se encuentra la Corte Internacional de Justicia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Corte Penal Internacional. Asimismo, otros instrumentos, como declaraciones, directrices y principios contribuyen a la comprensión, aplicación y desarrollo de estos derechos. En este respecto, cabe recordar que el respeto por los derechos humanos también requiere el establecimiento del estado de derecho en el plano nacional. Los cuerpos domésticos o nacionales juegan un papel crucial en la implementación y aplicación de normas internacionales de derechos humanos. El conjunto de obligaciones jurídicas nacionales e internacionales deben considerarse al evaluar las responsabilidades de los Estados en materia de derechos humanos.

Preparado por: Paula González Montalvo

Referecias:

John P. Humphrey, The Revolution in the International Law of Human Rights, 4 HUMAN RIGHTS 205 (1975).

Thomas Buergenthal, The Normative and Institutional Evolution of International Human Rights, 19 HUMAN RIGHTS 703 (1997).

Philip Alston & Thomas Goodman, International Human Rights (Oxford University Press, 2012).

[1] Los años en paréntesis indican los años en que los tratados entraron en vigor.

[2] La facultad de los cuerpos creados en virtud de los tratados es velar por la aplicación y el cumplimiento con las disposiciones establecidas en los mismos.

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