UPR sede de la formulación de los Nuevos Principios de Jurisdicción Universal FIBGAR

Por:  Mayra C. Artiles Fonseca & Gabriel Espinosa González

Del 5 a 7 de mayo de 2015, el estudiantado y profesorado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) tendremos la dicha de tener expertos de derecho internacional y derechos humanos de varias partes del mundo reunidos en nuestra casa. Ello pues la Escuela de Derecho servirá en esos días como sede para el encuentro del Grupo de Trabajo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe sobre los Nuevos Principios de Jurisdicción Universal. En aras de resaltar tan gran acontecimiento, tomamos un momento para discutir brevemente el tema que trae a estos expertos y expertas de renombre a Puerto Rico, y la importancia del trabajo que llevarán a cabo en esos días.

Entrevista_a_Fernando_Andreu,_magistrado_de_la_Audiencia_Nacional_03

Entrevista a Fernando Andreu, magistrado de la Audiencia Nacional, en el marco del Congreso Jurisdicción Universal organizado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón en Madrid del 20 al 23 de mayo de 2014.

Uno de los principios fundamentales del derecho internacional es el principio de la soberanía estatal. Con la soberanía viene el derecho de ejercer jurisdicción sobre sus ciudadanos o sobre actos que ocurren dentro de su territorio.[1] Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el Estado decide no ejercer jurisdicción? Esta ha sido una gran interrogante en el derecho internacional, especialmente cuando se decide no ejercer jurisdicción sobre violaciones crasas de derechos humanos o crímenes ius cogens. Desde tiempo atrás, el derecho internacional reconoce que los Estados pueden ejercer jurisdicción de forma extraterritorial siempre y cuando no haya una regla que lo prohíba.[2] Sin embargo, lo cierto es que no siempre hay una conexión entre la persona y/o la conducta y el foro que permita ejercer jurisdicción. Es ahí cuando entra en juego el principio de jurisdicción universal. Ahora, ¿qué es este principio?

Jurisdicción universal es la doctrina legal que permite a un Estado ejercer jurisdicción sobre ciertos crímenes o situaciones sin tener que primero establecer algunas de las conexiones tradicionalmente reconocidas por el derecho doméstico tales como: que el crimen se cometió por un nacional de ese Estado o que la víctima lo es, o que su planificación o su efecto ocurrió dentro del territorio de este. La jurisdicción universal, por el contrario, permite que un Estado ejerza su jurisdicción basado en la naturaleza del crimen, con independencia de la nacionalidad del acusado o la víctima y del lugar de la comisión de los hechos delictivos. Debido a estos rasgos extraordinarios, no se contempla que el principio sea aplicado a cualquier tipo de crimen, sino solamente a aquellos delitos considerados tan graves, tan flagrantes a las normas básicas del derecho internacional, que afectan a la comunidad internacional en general y no meramente a un Estado particular.[3] Es este interés superior el que autoriza una desviación de las normas generales de jurisdicción. Incluso, el interés que se busca es considerado tan apremiante, que se permite ejercer jurisdicción aun con la objeción de las víctimas y, ciertamente, de los demandados.[4]

El principio de jurisdicción universal se reconoció por primera vez para ejercer jurisdicción sobre crímenes de piratería.[5] Posteriormente, la comunidad internacional lo fue extendiendo para crímenes de naturaleza ius cogens, es decir, normas de las cuales el derecho internacional no permite desviación, tales como el genocidio, la tortura, la esclavitud y los crímenes contra la humanidad. [6] La jurisdicción universal continuó desarrollándose a través de su incorporación en legislación doméstica. Esta incorporación del principio mediante estatutos domésticos fue lo que dio lugar a que ocurriera el caso de Augusto Pinochet en España,[7] el caso de Attorney General v. Eichmann en Israel[8] y el caso de la Orden de Arresto en Bélgica,[9] entre otros. La incorporación de legislaciones de este tipo representó un gran paso para el derecho internacional pues hizo disponible un mecanismo para hacer justicia en situaciones en que se cometen violaciones crasas de derechos humanos y el Estado con jurisdicción tradicional sobre ello lo ignorase o incluso fuese cómplice. Además de sistemas de derecho domésticos, varias convenciones internacionales han incorporado cláusulas que permiten el ejercicio de jurisdicción universal ante violaciones a sus disposiciones.[10]

Como es de esperarse, no todos los Estados han recibido esta práctica con brazos abiertos. En fin, si bien es cierto que todas y todos aspiramos a la consecución de la justicia, nos incomoda cuando ello se hace a costo de la cesión de nuestra propia soberanía. Entiéndase, los Estados persiguen el ideal de lograr jurisdicción universal sin que sea aplicada en contra de ellos. Como consecuencia de esto, se desató una aplicación inconsistente de la doctrina a través de los Estados. Por ejemplo, muchos se rehúsan a reconocer la jurisdicción universal para la tortura, el genocidio o los crímenes de guerra.[11] Esta inconsistencia llevó a la creación de los Principios de Jurisdicción Universal de Princeton en el 2001 por parte de expertos en la materia.[12] Estos principios recopilaron la práctica estatal, las opiniones de la comunidad internacional y el deber ser del Derecho, para presentar un ideal a seguir para los tribunales y los Estados. Sin duda, su formulación y recopilación en un documento constituyó un gran paso a favor del desarrollo de la doctrina a través de los tribunales estatales y de su incorporación mediante legislación.

Ya han pasado casi 15 años desde la adopción de estos principios y desde entonces el derecho internacional ha evolucionado bastante. Primeramente, es imprescindible recalcar que los principales actores internacionales han cambiado. Previamente cabía hablar solamente de Estados soberanos. Ahora se deben considerar las Organizaciones no-gubernamentales (ONGs) y las corporaciones internacionales como actores significativos en el derecho internacional, cuyas actuaciones, cabe señalar, no necesariamente son atribuibles a un Estado particular. Por lo cual, hay que considerar que hay situaciones donde se debe poder ejercer jurisdicción sobre entidades no estatales. Igualmente, el alcance del derecho internacional ha sido ampliado y profundizado para incluir más responsabilidad ambiental, responsabilidad criminal internacional y responsabilidad por crímenes de naturaleza económica, así como daños y perjuicios. A su vez, cada vez son más las acciones transfronterizas de los Estados, ONGs o corporaciones. Teniendo esto en cuenta, la comunidad internacional entiende que ha llegado el momento de retomar la discusión y debate sobre qué conlleva la jurisdicción universal y cómo se deben desarrollar los principios que la anima y operacionaliza.

En mayo 2014, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) llevó a cabo el Congreso de Jurisdicción Universal en el Siglo XXI en Madrid para discutir la aplicación pasada, presente y futura de la jurisdicción universal. Este Congreso resultó en la creación de un borrador sobre los principios de jurisdicción universal actualizados para ser presentados a la comunidad internacional. Asimismo, se estableció que diferentes grupos de trabajo –con enfoque regional –se estarán reuniendo a través del mundo para profundizar la discusión sobre cómo se deben formular y aplicar los principios, qué se debe incluir y cuál debe ser su redacción. Finalmente, se reunirán en un encuentro internacional, a finales de 2015, en Buenos Aires, Argentina para presentar las recomendaciones de los diferentes grupos y aprobar los principios finales.

Pero antes de Buenos Aires, el Grupo de Trabajo de Norte América, Centroamérica y el Caribe se reunirá en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Para sus estudiantes y profesorado esto representa una oportunidad única para formar parte de tan importante desarrollo del principio de jurisdicción universal. Entre las personas expertas invitadas se encuentra: el ex juez y presidente de FIBGAR, Baltasar Garzón; Frank Rue, relator especial de la Organización de Naciones Unidas para Libertad de Opinión y de Expresión; Mirna Perla, ex magistrada de la Corte Suprema de El Salvador; Roberto Cuellar, coordinador para Centroamérica del Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos y Democracia de la Organización de Estados Americanos; Roland Adjovi, profesor de Ciencias Políticas en el departamento de Historia y Estudios Políticos de la Universidad de Arcadia; Naomi Roht-Arriaza, profesora de Derecho Internacional en Hastings College of the Law de la Universidad de California; Katya Salazar, directora ejecutiva de la Due Process of Law Foundation (DPLF); y nuestro profesor de derechos humanos, Marco Abarca Díaz. Esta discusión se estará llevando a cabo en una jornada de tres días, y estará abierta a la comunidad universitaria y a grupos de trabajos de derechos humanos.

Les invitamos a que participen de la actividad. A continuación incluimos el programa preliminar.

                                               PROGRAMA PRELIMINAR*

Martes, 5 de mayo

Conferencia: Independencia Judicial y Justicia Transicional en Centroamérica

Mirna Perla, Exmagistrada de la Corte Suprema de El Salvador

6:00-8:00 p.m. | Salón L-1 Escuela de Derecho

Miércoles, 6 de mayo

Conferencia de Apertura

Hon. Baltasar Garzón: Nuevos principios de jurisdicción universal, un instrumento para luchas contra la impunidad

9:00 a.m. | Salón L-1, Escuela de Derecho UPR

Presentación, Discusión y Deliberación sobre el borrador de Principios de Jurisdicción Universal

10:30 a.m. | Facultad de Arquitectura, UPR-RP

A partir de las 10:30 a.m. comenzarán las jornadas de trabajo para la discusión de cada principio propuesto. Las jornadas comenzarán el día 6 de mayo y continuarán el día 7 de mayo. Las sesiones de discusión serán abiertas para observar los trabajos que culminarán el jueves, 7 de mayo en la tarde con un debate final y la presentación de conclusiones.

Los principios a discutirse serán los siguientes:

Principio I – Concepto

Principio II.1 – Crímenes de persecución universal: piratería, esclavitud, comercio de esclavos, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura, desapariciones forzadas, apartheid.

Principio III – Aplicación extraterritorial de la ley penal

(Convenciones Internacionales: extensión y límites).

Principio II.2 – Crímenes económicos y contra el medio ambiente

Principio IV – Responsabilidad penal de personas jurídicas

Principio V – Aplicación del principio de jurisdicción universal aun cuando no venga contemplado en el derecho interno.

Principio VI – Prescripción, amnistía e indulto.

Principio VII – Principio de legalidad: ¿cómo calcular la pena?

 

Jueves, 7 de mayo

Segunda Jornada de discusión de los Principios de Jurisdicción Universal

9:00 a.m., Facultad de Arquitectura, UPR-RP

Principio VIII – Inicio de investigaciones cuando el acusado esté en territorio nacional.

Principio IX – Presencia del acusado durante la investigación

Principio XIII – Extradición

Principio XIV – Ne bis in idem

Principio X – Principio de complementariedad de la CPI

Principio XI – Conflictos entre jurisdicciones nacionales

Principio XII – Cooperación judicial mutua

Principio XVII – Creación de órganos judiciales y fiscales especiales.

Principio XVI – Independencia de las autoridades fiscales y jueces encargados de la investigación

Principio XV – Justicia Transicional

Principio XVIII – Víctimas y testigos

Principio XIX – Interpretación

Debate final y Conclusiones

5:00-6:00 p.m. | Salón L-1, Escuela de Derecho, UPR

*Sujeto a cambios

Estudiantes de la Escuela de Derecho de la UPR servirán de relatores durante la discusión de los diversos principios. Foto por: Erika Fontánez Torres

Estudiantes de la Escuela de Derecho de la UPR servirán de relatores durante la discusión de los diversos principios.
Foto por: Érika Fontánez Torres

__________________________________

[1] Danielle Ireland, Extraterritorial Criminal Conduct and Abuse of Rights Doctrine, 9 Utretch L. Rev. 68 (September 2013).

[2] The Case of the S.S. Lotus (France v. Turkey), 1927 P.I.C.J. (ser. A) No. 10 (September 1927), en la pág. 19.

[3] Corey Oliver, The Attorney-General of the Government of Israel v. Eichmann, 56 The American Journal of International Law 806 (July 1962), at 88.

[4] Eugene Kontorovich, The Piracy Analogy: Modern Universal Jurisdiction’s Hollow Foundation, 45 Harv. Int’l L.J. 183 (2004).

[5] The Case of the S.S. Lotus (France v. Turkey), 1927 P.I.C.J. (ser. A) No. 10 (September 1927), en la pág. 69.

[6] Principios de Jurisdicción Universal de Princeton, Principio 2, disponibles en https://lapa.princeton.edu/hosteddocs/unive_jur.pdf (última visita 27 de abril de 2015).

[7] Sentencia del Tribunal Nacional español (Audiencia Nacional), Caso 19/97 (Juez Garzón) y Caso 1/98 (Juez García-Castellón) (1998).

[8] Corey Oliver, The Attorney-General of the Government of Israel v. Eichmann, 56 The American Journal of International Law 806 (July 1962).

[9] Case Concerning the Arrest Warrant of 11 APRIL 2000 (DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO v. BELGIUM), 2002 I.C.J. 3 (Feb. 14).

[10] Véanse Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, art. 5, December 10, 1984, 1465 UNTS 85; Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, January 12, 1959, 78 U.N.T.S. 277 (1959).

[11] John Reynolds, Universal Jurisdiction to Prosecute Human Trafficking: Analyzing the Practical Impact of A Jurisdictional Change in Federal Law, 34 Hastings Int’l & Comp. L. Rev. 387, 391 (2011).

[12] Los Principios de Jurisdicción Universal de Princeton, Disponible en https://lapa.princeton.edu/hosteddocs/unive_jur.pdf (última visita 27 abril 2015).

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