Entre la ambigüedad y la evasión: Una metodología adjudicativa sagaz

Por: Rocío de Félix Dávila

El fallo de la Corte Suprema mexicana en Integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal v. Art. 334(III) del Cód. Pen. y Art. 131 del Cód. de Proc. Pen. subraya la tensión existente entre los principios legales y las prácticas sociales a la que alude Rogelio Pérez Perdomo en Notas para una historia social del derecho en América Latina: La relación de las prácticas y principios jurídicos.[1] Así, la función de la norma se presenta como un impedimento para que las prácticas legales reflejen las transformaciones sociales y culturales de una civilización cuya interpretación diverge de la realidad social y de las prácticas o aspiraciones individuales y colectivas de la ciudadanía. En la acción instada, se cuestionó la constitucionalidad de un estatuto que autorizaba la exención de la pena en aquellos casos en que un aborto fuera realizado para terminar embarazos que involucraran fetos con alteraciones genéticas o congénitas que pudiesen resultar en daños físicos, mentales, y hasta en la muerte.[2] Además, se cuestionó la constitucionalidad de un estatuto que permitía la intervención del Ministerio Público en aquellos casos en los que el embarazo fuese producto de una violación o de una inseminación artificial no consentida.[3]

La Constitución mexicana le otorga a la Corte Suprema de ese País jurisdicción exclusiva para determinar la inconstitucionalidad de un estatuto y establece los parámetros para instar ese tipo de acción.[4] Asimismo, la constitución establece que la Corte solo podrá declarar la inconstitucionalidad de una ley por mayoría de ocho votos. La metodología adjudicativa que supone un sistema de revisión judicial en el que la inconstitucionalidad de una ley se dilucida en abstracción de un caso y controversia, le permite a un juez limitarse al estatuto en cuestión y dirigir su análisis a la normativa constitucional imperante sin alusiones a la política pública que persigue el estatuto o a las implicaciones sociales y culturales que podrían subyacer una controversia específica. Hasta cierto punto, esto le permite a los jueces adherirse a aquellos preceptos constitucionales que apoyan su determinación y darle un acercamiento mucho más lógico y deductivo a su análisis. Además, permite una aplicación más mecánica del equivalente a un precedente judicial (jurisprudencia) a distintas controversias que puedan surgir en el futuro, aun si estas se distinguen fácticamente de la que resultó en la tesis jurisprudencial.

En el contexto de la supremacía constitucional, resulta de umbral que la Constitución mexicana es una de carácter abarcador, contemplando derechos que son atendidos mediante estatutos en otros países.[5] A pesar de aparentar ser mucho más progresista que la Constitución de los Estados Unidos –en el sentido de que reconoce a las y los individuos no solo derechos políticos y civiles, sino también derechos sociales y económicos tales como: el derecho a una vivienda, a la educación, al trabajo, a la salud, al ambiente y a la autodeterminación– el fallo de la Corte Suprema mexicana carece de un razonamiento jurídico que refleje una convicción genuina sobre la protección de dichos derechos. Más bien, el fallo supone un acercamiento técnico al asunto planteado mediante la evasión de una discusión concienzuda en torno a distintos derechos, tal y como el derecho a la intimidad, el derecho a la autodeterminación, la dignidad humana, y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La legitimidad de cualquier determinación judicial no estriba en la obtención de una mayoría de votos que valide una decisión, sino más bien en los fundamentos en los que las cortes apoyan sus determinaciones y las razones que ofrecen para justificarlas. Así, el fallo de la Corte parece un tanto ambivalente en lo que respecta al razonamiento jurídico que sustenta el resultado final; a saber, la determinación de que el estatuto que contemplaba la no punibilidad del aborto en casos de malformaciones congénitas no transgredía el derecho a la vida del concebido. La incongruencia dogmática del razonamiento de la Corte radica en afirmar que el derecho a la vida desde el momento de la concepción goza de una protección patente en el ordenamiento jurídico mexicano mientras se establece que la provisión de una disposición legal que excluya la punibilidad no contraviene la protección brindada al concebido. Sin embargo, la Corte no explica cómo la introducción de una excusa absolutoria no afecta dicha protección.

La ambigüedad del pronunciamiento de la Corte evidencia un razonamiento huidizo en el que se omite cualquier referencia a situaciones específicas en las que se podría ver contrapuesta dicha protección, limitando así el alcance de la resolución, máxime en el contexto de la despenalización o legalización del aborto. La estrategia de la Corte fue precisamente desarrollar un razonamiento capaz de convencer a la mayoría respecto a la constitucionalidad del estatuto en cuestión sin adentrarse a analizar las consecuencias sociales y políticas que acarrearía el reconocimiento o, al menos la mención, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de los referentes constitucionales que validarían la despenalización del aborto.[6] Esto es evidente en las tesis jurisprudenciales que resultaron de la determinación, las cuales solo validan grandes axiomas constitucionales en abstracción del contexto específico que presentaba el estatuto. Pronunciamientos más contundentes respecto a los argumentos que sustentan la penalización del aborto, la distinción entre una defensa de excusa y una de justificación[7] en el ámbito penal, según estas se adaptan a la terminación de un embarazo, hubiesen dotado de fuerza y certeza a la determinación y hubiesen representado un acercamiento metodológico mucho más a tono con la realidad social, política y cultural del Estado moderno.

Foto por:iivangm

________________________________

[1] Véase Rogelio Pérez Perdomo, Notas para una historia social del derecho en América Latina: La relación de las prácticas y los principios jurídicos, 52 Rev. Col. Abog. PR 1 (1991) (citado en Ángel R. Oquendo, Latin American Law 913 (2da ed. 2011).

[2] Cabe destacar que las disposiciones de este estatuto relacionadas a la no aplicación de una sanción penal en aquellos casos en los que el embarazo representara un riesgo a la salud de la madre, no fueron impugnadas.

[3] La Corte valida la desestimación de esta acción con el hecho de que no se obtuvieron la mayoría de votos para declarar su inconstitucionalidad. Evade, no obstante, discutir los fundamentos o las razones para avalar su inconstitucionalidad. Como discutiremos más adelante, nos parece que esa metodología le resta legitimidad a la determinación.

[4] Véase Const. (Mex.) (1917), Art. 105.

[5] Oquendo, supra nota 1, en la pág. 127.

[6] La Constitución mexicana reconoce el derecho de las personas a decidir respecto al número y espaciamiento de sus hijos. Este precepto, sin embargo, no fue discutido por la Corte. Véase Const. (Mex.) (1917), Art. 4.

[7] Nos parece mucho más acertada la terminología empleada por George Fletcher para referirse a estas defensas. Véase Oquendo, supra nota 1, en la pág. 227.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s