El derecho a la verdad: Parte I

El derecho a la verdad: Parte II

Por: Federico Escobar Córdoba

“The structure of our basic rights favors those who act—those who speak, assemble, worship, carry guns, keep their homes private, or stretch their liberties to the point that the state charges them with criminal offenses. The attention paid to the rights of criminal defendants in the Bill of Rights is extraordinary. The Fourth, Fifth, Sixth, and Eighth Amendments address the rights of suspects, defendants, and those convicted of crime. Noticeably absent in this catalogue of rights is due regard for those who suffer from the constitutionally protected actions of others. Our liberties entail costs, but for some reason the human beings who bear these costs are left outside of the constitutional equation. The victims have no rights. They are mentioned nowhere.”

George P. Fletcher[1]

1. Introducción: las víctimas en el derecho

Como lo indica el criminalista George P. Fletcher en el epígrafe, el derecho les presta mucha atención a las personas que actúan. Además, consagra principios constitucionales para brindarles amplia protección a quienes son acusados penalmente. Existen buenas razones históricas para que estas preocupaciones ocupen una posición tan destacada en los sistemas jurídicos contemporáneos. Por ejemplo, el rechazo hacia las monarquías absolutistas en la víspera del constitucionalismo moderno sirvió para fundamentar el principio de legalidad, que es esencial para muchas de las protecciones de los acusados en un juicio penal.[2]

No obstante, esta preocupación por las garantías judiciales y por la creación de derechos “negativos” para impedir que el Estado interfiera con las libertades de los ciudadanos ha producido una tendencia a relegar a las víctimas a un segundo plano. En los últimos siglos, la sociedad ha progresado considerablemente en el reconocimiento de distintas formas de victimización.[3] Sin embargo, la creación de normas jurídicas que reflejen una genuina preocupación por las víctimas se verá impedida en la medida en que el derecho siga privilegiando en tal grado a otros actores jurídicos distintos a las víctimas.

Otro factor que retrasa un mayor reconocimiento para las víctimas son los abogados. El derecho suele formar juristas cuyas categorías conceptuales y cuyas preocupaciones reflejan las del sistema que les ha sido inculcado.[4] Esto hasta el punto de considerar impensables o arbitrarias ciertas prácticas que son habituales en otros sistemas jurídicos, incluso en ordenamientos semejantes.[5] Los abogados formados en un sistema jurídico que asigna a las víctimas un nivel de prioridad inferior tendrán la tendencia a considerar que es correcto y normal que ese sea el lugar de las víctimas, y, consciente o inconscientemente, perpetuarán esta tendencia. Si alguien, incluso un jurista respetado, propone que las víctimas reciban un rol más protagónico en los juicios —como la posibilidad de vetar un acuerdo entre el fiscal y el acusado—, lo más probable es que enfrente un rápido rechazo de los practicantes que consideran que estos cambios complicarían el proceso o afectarían los derechos de los procesados.[6]

Es precisamente en los juicios donde las víctimas enfrentan algunas de las reacciones más adversas de parte del sistema judicial. Si, como lo señala Fletcher, algunos cambios para mejorar el estatus de las víctimas son descartados porque “complican” el proceso judicial, es bueno preguntarse cuál es el propósito de un juicio, dado que prefiere sacrificar por igual a las víctimas y a las posibles complicaciones que ellas traen al tribunal.

Una respuesta común a esta interrogante es que el juicio existe para hallar la verdad.[7] También se han dado otras respuestas frecuentes a esta pregunta. Una de las grandes pensadoras políticas del siglo XX, Hannah Arendt, estudiando el juicio que condenó a Adolf Eichmann en Israel
—uno de los juicios más reconocidos de ese siglo—, protestó por el hecho de que se persiguieron múltiples propósitos en el caso de Eichmann. Comenta:

La finalidad de todo proceso es hacer justicia, y nada más. Incluso los más nobles propósitos ulteriores —«registrar un testimonio del régimen de Hitler que pueda resistir el análisis histórico en el futuro», que Robert G. Storey, asesor procesal en Nuremberg, dijo que era la supuesta finalidad superior de los juicios de Nuremberg—únicamente pueden servir para obstaculizar la finalidad jurídica principal, a saber, sopesar las acusaciones dirigidas contra el procesado, juzgar y aplicar el castigo conmensurado.[8]

Un juicio busca, según Arendt, determinar la verdad de las acusaciones y aplicar el castigo que le corresponda al acusado. Esta es una visión frecuente acerca de los fines del proceso.[9] Si esto es correcto, el rol de las víctimas debe permanecer exclusivamente en función de este fin. Su presencia puede, en efecto, “complicar” un caso sin necesidad, particularmente cuando se trata de víctimas que no pueden ayudar a esclarecer la verdad de la acusación, como las víctimas indirectas de un delito.

En la actualidad, se reconoce que un juicio cumple múltiples propósitos, tanto jurídicos como psicológicos, tanto políticos como históricos. Algunos de estos propósitos son proteger a los inocentes, proteger a los acusados del abuso por parte del Estado, determinar el carácter y las motivaciones del condenado, darles una voz a los olvidados y a las víctimas, ofrecer un sentido de estabilidad, y proporcionar una manera de solucionar los conflictos a satisfacción de las personas involucradas.[10]

Dentro de esta visión más amplia de un juicio, las víctimas ciertamente pueden y deben tener un rol destacado. De nuevo, un obstáculo será la mentalidad de los abogados, para muchos de los cuales las estructuras conceptuales y la estimación de lo que constituye auténticas prácticas jurídicas los llevarán a buscar conservar la condición actual de las víctimas en el proceso.

Esta discusión introductoria sirve de trasfondo para la discusión del derecho a la verdad, la preocupación central de este artículo. El derecho a la verdad se ha abierto un espacio dentro del derecho internacional, y ha llegado a permear el derecho nacional de algunos Estados. Es un derecho asociado principalmente con las víctimas de grandes violaciones de los derechos humanos que desembocan en procesos de desarme y de “justicia transicional”. La recepción de este derecho no ha sido del todo positiva. Se ha criticado su verdadero impacto sobre la justicia y sobre la sociedad y, tal como vimos en los párrafos anteriores, muchos abogados se han cuestionado su valor dentro del proceso judicial. En las siguientes páginas definiremos algunos términos clave para precisar mejor los alcances del derecho a la verdad y sentaremos las bases de este derecho. Luego, veremos su aplicación en las llamadas comisiones de la verdad y consideraremos algunas críticas que se han hecho de su ejercicio.

2. Los orígenes y el desarrollo del derecho a la verdad en el derecho internacional

El derecho a la verdad nació en el contexto del derecho internacional.[11] Surgió inicialmente a partir del reconocimiento de que los familiares de una persona desaparecida, especialmente si se trataba de una víctima de desaparición forzosa, tenían el derecho a saber la verdad de lo sucedido. El derecho a obtener esta información es parte del derecho internacional humanitario, y está codificado en el artículo 32 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, de 1977.[12]

El reconocimiento de este derecho se basa en dos fundamentos principales. Primero, si un Estado se niega de manera persistente a investigar los hechos relacionados con una grave violación de los derechos humanos de una persona, esto constituye un tratamiento inhumano con respecto a la familia de la víctima y por lo tanto una violación continua de la protección contra ese tipo de trato. Segundo, el Estado está obligado a proporcionar acceso efectivo a la justicia a través de una determinación judicial de los derechos de una persona, que en este caso lo invocan los familiares de la persona desaparecida.[13]

Una variedad de instrumentos jurídicos internacionales han recogido el derecho a la verdad, y lo han hecho a través de expresiones que transcienden el contexto original, relacionado con las personas desaparecidas. El Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, en el Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, publicado en 2005, recogió tanto el “derecho inalienable a la verdad” (principio 2) como el “derecho de las víctimas a saber” (principio 4), redactados de la siguiente manera:

Principio 2. El derecho inalienable a la verdad. Cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones.

Principio 4. El derecho de las víctimas a saber. Independientemente de las acciones que puedan entablar ante la justicia, las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima.[14]

Adicionalmente, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó en 2009 una resolución titulada “El derecho a la verdad” (A/HRC/RES/12/12), en la que, entre otras cosas, reconoció “la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos”.

Para el Comité Internacional de la Cruz Roja, el derecho a la verdad de los familiares de una persona desaparecida constituye una norma del derecho internacional consuetudinario que aplica tanto a los conflictos armados internacionales como a los internos (regla 117):

State practice establishes this rule as a norm of customary international law applicable in both international and non-international armed conflicts. The obligation to account for missing persons is consistent with the prohibition of enforced disappearances (see Rule 98) and the requirement to respect family life (see Rule 105). This rule is also supported by the obligation to record all available information prior to disposal of the dead (see Rule 116). The rules cross-referred to here all apply in both international and non-international armed conflicts.[15]

El derecho a la verdad ha dejado de ser, pues, un derecho accesorio a ciertas situaciones del derecho internacional y se ha convertido en un derecho autónomo.[16] La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido particularmente activa en el desarrollo y la protección de este derecho. A partir del trabajo de la comisión, se puede definir el derecho a la verdad como “el derecho que asiste a las víctimas —directas e indirectas— de graves violaciones al DIH o al DIDH, como también a la sociedad en su conjunto, a conocer lo verdaderamente ocurrido en tales situaciones”.[17]

El derecho a la verdad también se ha extendido al ámbito del derecho nacional, aunque no se identifique con ese nombre. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha usado el Freedom of Information Act (FOIA) para hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a obtener cierta información de su Gobierno, y esta facultad ha llegado a revelar la verdad sobre violaciones a los derechos humanos cometidos en otros países, como Guatemala y El Salvador.[18] Los tribunales de otros Estados han abierto también el camino para implementar el derecho a la verdad en el orden nacional:

National courts have also issued judgments signalling the importance of a right to the truth in relation to enforced disappearances that is based on the right to mourning (derecho al duelo), the right to justice, the need for historical clarification, individual and societal healing, and the prevention of future violations, and as a means to ensure a democratic state based on the rule of law.[19]

Como hemos visto, el derecho a la verdad ha alcanzado protagonismo como parte del derecho internacional, y se ha reconocido asimismo en el orden nacional. El derecho a la verdad también ha llegado a su apogeo en el contexto de la llamada justicia transicional.

La justicia transicional, como práctica, no es nueva. Jon Elster la analiza en el siglo V a. C. en Atenas, y traza su historia también en la Francia de 1814 y 1815.[20] Ha habido muchas experiencias recientes del tipo de transición que se enmarca dentro de la justicia transicional, y a la luz de estas experiencias se ha intentado perfilar la definición de la justicia transicional. En general, podemos decir que la expresión ‘justicia transicional’ “hace referencia a los procesos a través de los cuales se realizan transformaciones radicales de un orden social y político, bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, bien por la finalización de un conflicto interno armado y la consecución de la paz”.[21]

Lars Waldorf provee la siguiente caracterización de la justicia transicional:

Transitional justice consists of all the mechanisms that states, societies, and communities use to provide accountability and redress for genocide, crimes against humanity, and war crimes (collectively referred to here as international crimes). Transitional justice is simultaneously backward- and forward-looking: addressing past abuses with the aim of preventing future ones. As such, it often involves difficult choices between punishment and forgiveness, accountability and reconciliation, remembrance and forgetting.[22]

El derecho a la verdad se suele invocar, pues, cuando hay una transición de un régimen que cometió graves violaciones de los derechos humanos a un nuevo régimen, que busca alejarse de esas violaciones o corregirlas. Se trae a colación el derecho a la verdad para que las violaciones cometidas bajo el régimen anterior no caigan en el olvido, sino que, por el contrario, tanto los individuos afectados como la sociedad en general sepan lo que pasó.

3. La definición de la verdad

El derecho a la verdad confiere el derecho a saber la verdad, pero ¿qué es la “verdad”? Los filósofos llevan siglos haciéndose esta pregunta, y estas discusiones repercuten sobre el derecho a la verdad.[23]

Una de las teorías tradicionales sobre la verdad es la que se conoce como “la teoría de la correspondencia”. Según esta teoría, lo que decimos sobre el mundo es cierto (en otras palabras, es “la verdad”) cuando se corresponde con algo (un “hecho”) en el mundo exterior. Una representación conocida de esta teoría de la verdad proviene de Aristóteles: “Falso es […] decir que lo que es, no es, y que lo que no es, es; verdadero, que lo que es, es, y lo que no es, no es”.[24]

Esta es la forma más común de entender la verdad, y es la que muchas personas tendrán en mente cuando se hable del derecho a la verdad. En este sentido, se habría cumplido con el derecho a la verdad si se reveló cierta información que se corresponde con lo que “en realidad” ocurrió.

A pesar del atractivo de esta teoría, muchos filósofos la han criticado con argumentos de peso.[25] Algunos consideran que es circular, dado que supone la existencia de “hechos” que deben ser ciertos, cuando lo que se busca probar es que una afirmación sobre esos hechos es cierta.

Se han postulado otras teorías, como la teoría de la coherencia o las teorías que abandonan la noción de verdad, conocidas como teorías “deflacionarias” (deflationary). En general, el pensamiento posmoderno promueve el relativismo frente a la verdad. También se ha tornado más compleja la noción de la verdad a partir de formas “pragmáticas” de comprender la verdad, que privilegian el impacto social y las convenciones sociales que hacen posible que se hable de una verdad.

La influencia de estas múltiples concepciones de la verdad no se manifiesta solo en la filosofía. En su libro sobre la justicia transicional, Ruti Teitel explica que cada régimen político está acompañado por un “régimen de verdad”, de tal manera que un cambio de régimen político implica un cambio en el “régimen de verdad” que impera en esa entidad territorial.[26]

Lo que expresa Teitel es una concepción social y coherentista de la verdad. El autor armoniza tal concepción con las conclusiones a las que llega Yaqvi luego de analizar distintas formas de entender la verdad en la filosofía antigua y contemporánea. Dentro del contexto del derecho a la verdad, Yaqvi presenta las siguientes afirmaciones sobre la verdad: “Truth is a social matter. It may be generated by social procedures and structures (suggesting something agreed upon). […] It is something that can be verified or at least corroborated by evidence. […] It may consist of an official statement or judgment about events that occurred. […] Truth implies an obligation to say that what happened did indeed happen”.[27]

Las comisiones de la verdad, que se discutirán más adelante, también han problematizado la noción usual de la verdad. El caso más conocido es el de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, que realizó hallazgos sobre cuatro tipos de verdades: (1) la verdad fáctica o forense; (2) la verdad personal y/o narrativa; (3) la verdad social o dialógica, y (4) la verdad sanadora y restauradora.[28]


Foto por: Javi S&M

[1] George P. Fletcher, Our Secret Constitution: How Lincoln Redefined American Democracy 197 (2001).

[2] “La primacía de la ley señalaba así la derrota de las tradiciones jurídicas del Absolutismo y del Ancien Régime. El Estado de derecho y el principio de legalidad suponían la reducción del derecho a la ley y la exclusión, o por lo menos la sumisión a la ley, de todas las demás fuentes del derecho”. Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia 24 (1995).

[3] El reconocimiento clínico de los traumas de los soldados que regresan de una guerra empezó con la identificación del “shell shock” en la Primera Guerra Mundial. Véase Tom Burns, Psychiatry: A Very Short Introduction 25 (2006). Véase también Ralf Schwarzer & Ute Schulz, Stressful Life Events, en Handbook of Psychology 9.30 (Arthur M. Nezu et al. eds., 2003).

[4] “[T]he rigidity of legalistic categories of thought, especially in appraising the relationships of law to the political environment within which it functions, [is] deleterious”. Judith N. Shklar, Legalism: An Essay on Law, Morals and Politics 8 (1964).

[5] Además de que esta tendencia ha dificultado el diálogo entre distintas tradiciones jurídicas, digo esto por experiencia propia. En vista de mi formación como abogado en Colombia, en mis estudios jurídicos he visto a varios expertos en este sistema tildar como “disparates” algunas prácticas que son comunes en el derecho de Colombia. Doy un ejemplo concreto: en Colombia, los jueces de los altos tribunales, equivalentes al Tribunal Supremo de Puerto Rico, son rápidamente remplazados con suplentes (llamados “conjueces”), escogidos de una lista, si se recusan o por cualquier razón se abstienen de participar en una sentencia. Un abogado reconocido en el ámbito local dijo, al escuchar de esta práctica, que era imposible que fuera cierta y que era un “disparate”. En últimas, una o otra concepción sobre la identidad del juzgador en las altas cortes refleja una manera distinta de entender la función judicial.

[6] “The opposition to victims’ rights stems from both prosecutors and defense counsel. The former do not want victims complicating the trial. They are surely opposed to my proposal that victims be able to veto plea bargains and insist on going to trial to vindicate their charges. Prosecutors generally like to have victims around at the sentencing phase. The suffering and rage of the victims, when expressed in court, tends to spike the punishment. Defense counsel are opposed for other reasons. They are afraid that empowering victims will distract from the rights of criminal defendants, but this is not necessarily the case”. George P. Fletcher, Our Secret Constitution: How Lincoln Redefined American Democracy 200 (2001).

[7] “If one is asked about the purpose of a modern trial, the first response might be ‘to determine the truth, of course’”. Edie Greene & Kirk Heilbrun, Wrighstman’s Psychology and the Legal System 188 (2014).

[8] Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal 152 (1999).

[9] “Criminal processes, whether at the national or international level, are primarily about meting out justice for alleged wrongs committed by individuals. The process entered into, at least from a common law perspective, is not so much about finding the truth as it is offering evidence that proves guilt or innocence — evidence that is contested, put into question or interpreted in different ways — to win a case. The investigative method of civil law systems is arguably more concerned about finding the truth, but the end result is the same: the case is won or lost by convincing or failing to convince a judge or jury of guilt or innocence. The ‘legal truth’ is merely a by-product of a dispute settlement mechanism”. Yasmin Naqvi, The Right to the Truth in International Law: Fact or Fiction? 862 Int. Rev. of the Red Cross 245, 245-246 (2006).

[10] “One goal of the criminal process is to punish the guilty, but other goals are to protect the innocent and to ensure that even the guilty are protected from abuse by the government”. Jay M. Feinman, Law 101: Everything You Need to Know about American Law 306 (2010). “[T]he claims about the truth established by the trial go well beyond the claim that the aim of the trial is merely to establish as a matter of legal record that a certain person is guilty as charged. In our age we look to trials to tell us much more: to tell us about their motivations and character; to establish an official historical account of certain events; to give voice to forgotten or silenced victims; and to reveal truths about human character and affairs. The trial is not merely a place where these stories can be heard but is also seen as an institution that can reveal further truths about our society and ourselves. The trial is thus invested with a significance that goes beyond being an institution where wrongdoers are called to account or conflicts resolved”. Lindsay Farmer, Trials, en Law and the Humanities: An Introduction 477 (Austin Sarat et al. eds, 2010). “[T]rials also serve other purposes [aside from determining the truth]: They provide a sense of stability and a way to resolve conflicts so that the disputants can receive satisfaction”. Edie Greene & Kirk Heilbrun, Wrighstman’s Psychology and the Legal System 188 (2014).

[11] Véase Dermot Groome, The Right to Truth in the Fight Against Impunity 29 Berkeley J. Int. L. 175, 176-177 (2011). Yasmin Naqvi, The Right to the Truth in International Law: Fact or Fiction? 862 Int. Rev. of the Red Cross 245, 256-260 (2006). Comisión de Derechos Humanos, Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Estudio sobre el derecho a la verdad §§ 4-32 (E/CN.4/2006/91).

[12] “En la aplicación de la presente Sección, las actividades de las Altas Partes contratantes, de las Partes en conflicto y de las organizaciones humanitarias internacionales mencionadas en los Convenios y en el presente Protocolo deberán estar motivadas ante todo por el derecho que asiste a las familias de conocer la suerte de sus miembros”.

[13] Dermot Groome, The Right to Truth in the Fight Against Impunity 29 Berkeley J. Int. L. 175, 180 (2011).

[14] Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (E/CN.4/2005/102/Add.1).

[15]Jean-Marie Henckaerts & Louise Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law 421 (2005).

[16] “What started off as a state duty to investigate and remedy human rights abuses has evolved into a freestanding and non-derogable right to truth about such gross violations”. Lars Waldorf, Ex-Combatants and Truth Commissions, en Disarming the Past: Transitional Justice and Ex-combatants 110 (Ana Cutter Patel et al. eds., 2009).

[17] Damián A. González-Salzberg, El derecho a la verdad en situaciones de post-conflicto bélico 12 Int. Law.: Rev. Colombiana de Derecho Int. 435, 438 (2008).

[18] Yasmin Naqvi, The Right to the Truth in International Law: Fact or Fiction? 862 Int. Rev. of the Red Cross 245, 264 (2006).

[19] Id.

[20] Jon Elster, Closing the Books: Transitional Justice in Historical Perspective 3-46 (2004).

[21] Rodrigo Uprimny Yepes et al., Introducción, en ¿Justicia transicional sin transición? Reflexiones sobre Verdad, justicia y reparación en Colombia 1 (Rodrigo Uprimny Yepes et al. eds., 2006). Véase también esta definición: “transitional justice includes that set of practices, mechanisms and concerns that arise following a period of conflict, civil strife or repression, and that are aimed directly at confronting and dealing with past violations of human rights and humanitarian law”. Naomi Roht-Arriaza, The New Landscape of Transitional Justice, en Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice 2 (Naomi Roht-Arriaza & Javier Mariezcurrena eds., 2006).

[22] Lars Waldorf, Introduction: Linking DDR and Transitional Justice, en Disarming the Past: Transitional Justice and Ex-combatants 22 (Ana Cutter Patel et al. eds., 2009).

[23] Yasmin Naqvi, The Right to the Truth in International Law: Fact or Fiction? 862 Int. Rev. of the Red Cross 245, 250-55 (2006).

[24] Aristóteles, Metafísica 1011b25, en la pág. 198 (Gredos, 1994).

[25] Véase E. J. Lowe, Truth, en The Oxford Companion to Philosophy 926-27 (Ted Honderich ed., 2005). Véase también Paul Horwich, Truth, theories of, en A Companion to Epistemology 772-77 (2010).

[26] “Though particular historical accounts have always been associated with certain political regimes, the uses of knowledge in politics are generally obfuscated by those in power. Historical narratives are always present; all regimes are associated with and constructed by a ‘truth’ regime. Changes in political regimes, accordingly, mean attendant changes in truth regimes”. Ruti G. Teitel, Transitional Justice 70 (2000).

[27] Yasmin Naqvi, The Right to the Truth in International Law: Fact or Fiction? 862 Int. Rev. of the Red Cross 245, 253-54 (2006).

[28] Véase Alex Boraine, Truth and Reconciliation in South Africa: The Third Way, en Truth v. Justice: The Morality of Truth Commissions 151-53 (Robert I. Rotberg & Dennis Thompson eds., 2000). Véase también Lars Waldorf, Ex-Combatants and Truth Commissions, en Disarming the Past: Transitional Justice and Ex-combatants 111-12 (Ana Cutter Patel et al. eds., 2009).

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