El derecho a la verdad: Parte II

El DERECHO A LA VERDAD: PARTE I 

Por: Federico Escobar Córdoba

4. Los titulares del derecho a la verdad

Como se ha podido colegir de la discusión anterior, se suelen reconocer dos titulares del derecho a la verdad: las víctimas y la sociedad en general.

Las víctimas que invocan el derecho a la verdad pueden ser tanto directas como indirectas. Una víctima directa puede invocar el derecho a la verdad para obtener información sobre lo que le ocurrió a sí misma, como sucedió en algunos países de Europa Oriental luego de la caída del régimen comunista o como ha sucedido con ciertas víctimas de rendition en Estados Unidos a través de FOIA.[29]

Las víctimas indirectas también pueden ejercer el derecho a la verdad, como en el caso de los familiares de una persona desaparecida. Fue para este caso específico, como vimos en una sección anterior, que surgió el derecho a la verdad en el orden internacional, aunque el derecho se ha tornado más abarcador en las últimas décadas. Las víctimas indirectas pueden invocar el derecho a la verdad para obtener información sobre lo que le sucedió a cierto pariente —quizás fallecido, quizás hospitalizado— que sufrió graves atropellos contra sus derechos humanos.

Por otro lado, la sociedad en general también es un titular del derecho a la verdad.[30] En los casos de justicia transicional, se entiende que la sociedad debe saber lo que pasó, en parte para no repetir las mismas prácticas nocivas luego de que se complete la transición. Por ejemplo, algunos países de Europa Oriental publicaron en Internet la información que las autoridades comunistas habían acumulado en secreto. Por su parte, Sudáfrica hizo públicos los informes sobre las atrocidades cometidas bajo el régimen del apartheid. Atado al tema de la justicia transicional, también se invoca el derecho colectivo a conocer la verdad. Esta reclamación ha figurado de manera notoria en las discusiones recientes sobre el espionaje realizado por el Gobierno federal de Estados Unidos, en vista de las filtraciones de documentos.

Tanto las víctimas como la sociedad en general obtienen beneficios de conocer la verdad. Mucho se ha escrito sobre el impacto positivo que la revelación de la verdad tiene sobre las víctimas. En particular, se destaca el carácter terapéutico que tiene la posibilidad de obtener una verdad que sirva de punto final a un episodio doloroso.

5. Las comisiones de la verdad

Una de las formas más representativas de instituir el derecho a la verdad en sociedades que pasan por una transición política es el establecimiento de comisiones de la verdad. A través de la historia, se han convocado más de cuarenta comisiones de la verdad. Muchas de ellas han sido comisiones establecidas por el Estado, como sucedió en Argentina, Chad y —el caso más conocido— Sudáfrica. Otras han sido iniciativas de organizaciones no gubernamentales, como las investigaciones realizadas por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala y otras iniciativas eclesiásticas semejantes en Brasil.[31]

Las comisiones de la verdad son una respuesta adecuada para el tipo de represión masiva que llevan a cabo los Estados contemporáneos, capaces de implementar políticas sistémicas de persecución. La escala a la que las violaciones de derechos humanos ocurren en ese contexto exceden las facultades de un juicio tradicional. Para determinar la verdad, se necesitan políticas más flexibles y amplias de las que ofrece un proceso penal tradicional. Deben desarrollarse políticas dirigidas a la obtención de numerosos testimonios para luego producir un relato abarcador que transcienda al delincuente individual.[32]

En palabras de Waldorf, las comisiones de la verdad cumplen múltiples propósitos y han dado buenos resultados:

Truth commissions are concerned with giving voice to victims, explaining the root causes of violence, constructing historical narratives, and issuing policy recommendations for redress and future prevention. They also may offer (de jure or de facto) amnesties to perpetrators in exchange for truth-telling. While some are more successful than others, truth commissions have provided a measure of accountability and reparations for large numbers of victims in numerous post-authoritarian and postconflict states.[33]

Además, como lo explica Marcon, las comisiones de la verdad ofrecen distintos beneficios, tanto para las víctimas como para la sociedad:

Truth commissions have (1) provided victims with psychological support as well as monetary reparation for crimes committed against them, (2) upheld the right of victims’ families to know about the violence perpetrated against their kin, and (3) publicly acknowledged the victims’ version of events. Truth commissions were especially beneficial for the civil society at large by (4) pointing out the institutional failures that might have contributed to the gross violations of human rights, (5) making recommendations to preclude these violations from occurring again, (6) fostering a spirit of human rights, and (7) reinforcing the importance of transparent governmental institutions.[34]

Las comisiones de la verdad benefician a las víctimas de manera significativa. De hecho, las investigaciones sobre el valor que la verdad, en sí misma, tiene para las personas y las sociedades que atraviesan una experiencia traumática, sirven para dar lugar al derecho a la verdad como un derecho autónomo, distinto al fin tradicional de “hacer justicia”. La verdad también sirve de antesala para una reconciliación, porque no supone el olvido de la víctima. Asimismo, invita al victimario a reconocer sus malas actuaciones.[35]

Además de la dimensión terapéutica que tiene el conocimiento de la verdad, muchas víctimas se han beneficiado por el solo hecho de poder presentar su versión de lo ocurrido ante una comisión de la verdad.[36] Esto se vuelve particularmente importante para aquellas personas que fueron silenciadas bajo un régimen represivo, y que, con un nuevo régimen político, tienen la oportunidad de unir su historia a la historia oficial producida por la comisión de la verdad. Por otro lado, la posibilidad de decir la verdad sirve como un acto de justicia, un rechazo a las etiquetas y las acusaciones que caracterizaron al régimen anterior.[37]

En muchos casos, la verdad misma, producida en el seno de una comisión de la verdad, se ha considerado una alternativa al castigo que suele buscar el sistema de justicia tradicional:

In contexts in which punishment is not available or politically advisable, historical investigation processes have been advocated as alternatives to punishment. […] In the language of the Chilean Truth and Reconciliation Report, the truth itself constitutes a “moral conviction.” […] Exposure of perpetrators’ offenses itself is an informal form of punishment, of “shaming,” subjecting perpetrators to social censure and ostracism. […] The reports might be said to offer a form of judgment in that their account of history uses the language of law in responding to past individual rights violations. The historical accounting is written in legal language, in terms of status, rights, wrongs, duties, claims, and entitlements.[38]

Con las comisiones de la verdad, surgió la posibilidad de adelantar otro tipo de investigación, libre de los reflejos institucionales que, según se comentó en la primera sección, suelen caracterizar a las formas de pensar de los abogados y las abogadas. Esto ha arrojado unos resultados muy interesantes, puestos en función de las víctimas:

Placing healing and victim-centered justice at the heart of a truth commission’s work has required commissions to invent new practices and norms. These include norms of respectful listening, which allow people to tell their stories without interruption; rituals of acknowledgement and respect (such as the practice, in stark contrast to that prevalent in courtrooms, of commissioners rising when witnesses enter to give evidence); and the provision of support services by psychologists and social workers.[39]

Algunas de estas prácticas, como la de levantarse el comisionado para recibir a la víctima —opuesto a lo que ocurre en un tribunal tradicional—, muestran lo mucho que puede cambiar el sistema cuando se elevan los intereses de las víctimas a un lugar privilegiado.

No obstante, la inercia de las expectativas judiciales tradicionales sigue pesando. Esto es evidente en la manera en que las comisiones de la verdad suelen privilegiar la “verdad forense”,[40] como también en la forma en que las comisiones de la verdad se insertan dentro de la administración de justicia. Por ejemplo, en el Tribunal Especial para Sierra Leona, uno de los acusados, Samuel Norman, le pidió permiso al tribunal para testificar ante la Comisión de Verdad y Reconciliación. El tribunal negó la solicitud, con el argumento de que hacer declaraciones ante la comisión antes de testificar en el juicio pondría en entredicho los derechos procesales del acusado. Lo que esta decisión da a entender es que los derechos a un juicio justo del acusado prevalecen sobre la función de hallar la verdad de la comisión.[41] La Comisión resultó privada de las contribuciones que un actor importante del conflicto pudo haber aportado. Si al derecho a la verdad se le hubiera dado más peso, el resultado pudo haber sido distinto.

Ciertas figuras penales de los foros judiciales tradicionales también han incidido sobre el ejercicio del derecho de la verdad. En los juicios internacionales, se ha llegado a admitir el uso, renuentemente al principio, de las negociaciones entre el ente acusador y el acusado. Se ha usado la negociación sobre la pena impuesta (sentence bargaining), con lo cual se han obtenido confesiones y declaraciones importantes, como la de Momir Nikolic sobre las masacres en Srebrenica. Se han empezado a admitir también negociaciones sobre los cargos que se presentan contra el acusado (charge bargaining) a cambio de que el acusado se declare culpable, lo que puede llevar a distorsionar el registro histórico si no se acompaña de una protección por el derecho de las víctimas a la verdad.[42]

6.Críticas al ejercicio del derecho a la verdad

En las secciones anteriores hemos visto diversas formas en las que el derecho a la verdad y sus frutos —obtenidos de distintas formas, entre ellas las comisiones de la verdad— ayudan a las víctimas y a la sociedad en general. Sin embargo, también se han presentado críticas importantes contra la manera de hacer efectivo el derecho a la verdad.

Una de las primeras críticas es el tipo de verdad que se produce cuando el ejercicio de este derecho no está atemperado por las garantías y limitaciones del proceso judicial. El proceso judicial no asegura la veracidad de los testimonios presentados ante el tribunal, pero una invitación abierta a decir la verdad, particularmente si el testigo ha sufrido un gran trauma, tampoco es una garantía de que lo que se diga sea cierto. Waldorf describe muy bien este problema:

The truthfulness of the testimonies given in statements to and hearings before a truth commission is open to question. Survivor and victim testimonies are often fragmented and incomplete, and are inevitably shaped by trauma and the passage of time. On the other hand, perpetrators have incentives to deny or minimize their responsibility, particularly in the absence of credible threats of prosecutions. . . . As truth commissions operate without a trial’s evidentiary rules (such as hearsay) and practices (such as cross-examination), they are not well suited to uncover (intentionally or unintentionally) false testimonies.[43]

¿Con qué estándar de veracidad trabajando las comisiones de la verdad? No hay una única respuesta a esta pregunta, y muchas comisiones han evitado fijar un estándar evidenciario sistemático. Así describe Teitel el dilema:

Most commissions elide the question of the appropriate evidentiary standard. When the question was addressed by El Salvador’s truth commission, it drew on the two-source rule, the evidentiary standard generally employed by historians and journalists. The minimum evidentiary standard, “sufficient evidence,” corresponded to a preponderance of the evidence, necessitating more than one source.[44]

No es claro, pues, que el ejercicio del derecho a la verdad —incluso siguiendo los rituales oficiales de una comisión de la verdad— produzca la verdad, en el sentido utilizado en la teoría de la correspondencia. Se suelen producir verdades que cumplen funciones pragmáticas de pacificación o de reconstrucción, pero también estos resultados han sido objeto de críticas. Por ejemplo, algunos foros se han prestado para darles protagonismo a voces que contrarían el propósito democratizante que llevó a convocarlos.[45] Recordemos la crítica de Arendt al juicio de Eichmann, en el que intervinieron testigos y expertos que presentaron discursos antidemocráticos. La expresión libre de la verdad puede desunir con tanta facilidad como puede unir.

Otra crítica que se presenta contra el ejercicio del derecho a la verdad es que la verdad, por sí sola, puede ser inocua: “in the absence of other positive and tangible manifestations”, comenta Boraine, “truth by itself can easily be considered an empty gesture — as cheap and inconsequential talk.”[46] Muchas personas sienten que la idea de que la verdad puede ser, en sí misma, una sanción o un castigo alterno es insuficiente, y apelan a la necesidad de implementar algún tipo de castigo adicional.

Algunas personas se oponen a esta crítica y consideran que poner al descubierto los comportamientos de los victimarios es un castigo informal: una humillación. Sin embargo, incluso estas personas aducen una crítica adicional a la idea de la verdad como castigo,“[t]his form of sanction risks the possibility of limitless condemnation, ultimately threatening the rule of law.”[47] En la medida en que la exposición de una conducta sancionable constituya una sanción, si esta exposición se torna pública y permanente, la sanción se haría, de ese mismo modo, inextinguible. Una debilidad de este argumento es que presenta este problema como una falencia propia del ejercicio del derecho a la verdad, cuando aqueja igualmente a las sanciones asociadas con una sentencia pública en un proceso judicial tradicional. Una persona que sea meramente arrestada dentro del sistema imperante puede sufrir una mancha indeleble a su buen nombre, y ni hablar de quien sea condenado penalmente en un proceso judicial cuyos documentos estarán a disposición del público. El hecho de que la pena de la humillación pública sea perenne no es, pues, un problema del derecho a la verdad per se, ni de las comisiones de la verdad.

Una de las críticas más significativas al ejercicio del derecho a la verdad se relaciona con el impacto que tiene sobre las víctimas. Ya vimos que este derecho puede ser de gran ayuda terapéutica para muchas víctimas. No obstante, no todas reportan igual sanación. Algunas víctimas describen la experiencia como ‘retraumatizante’ y al concluir el proceso se preguntan si valió la pena pasar por la ordalía de revelar la verdad:

[Truth commissions] could contribute to a compiling of “factual” truth, but not necessarily to the creation of a common narrative or common understanding. They frustrated and at times even retraumatized victims who, having unearthed their pain, were left wondering to what end. The model of short-term catharsis as a basis for healing was disputed by therapists, and the empirical evidence showed that testifying in public was beneficial for some victims, but not others.[48]

El riesgo de perjudicar a las víctimas afecta también el diseño de comisiones de la verdad en las que intervengan menores combatientes. Estos menores ocupan un lugar especial dentro de los procesos de búsqueda de la verdad. Como menores —y debemos tener en cuenta que muchos de ellos ingresaron al conflicto contra su voluntad—, deben contarse también como víctimas de los conflictos en los que participaron como victimarios. Como explican Duthie y Specht, “[t]he impact of truth-telling measures on the reintegration of children associated with armed conflict, however, may be negative, and will depend on how the process itself is designed and implemented”.[49] Sin embargo, si se diseña un proceso muy amigable a los intereses de los menores combatientes, puede que las víctimas se sientan ofendidas: “a child-friendly truth-telling process, whether conducted through a national truth commission or a local ceremony, that withholds the identities of children or offers the forgiveness of the community may, again, leave victims feeling slighted”.[50]

Por último, algunas críticas sobre el impacto de los procesos de búsqueda de la verdad sobre las víctimas suelen acusar a estos procesos de despojar indebidamente a las víctimas de su carácter de ciudadanos que reclaman justicia:

[T]he therapeutic aspects of the work of truth commissions can be viewed as incidental to their core mission of establishing the truth. Indeed, some critics have referred dismissively to [the South African Truth and Reconciliation Committee’s] Human Rights Violations Committee as a “kleenex commission.” Others, more thoughtfully, warn that an overemphasis on the therapeutic does a disservice to survivors who regard themselves not as patients in need of healing but as citizens entitled to justice.[51]

7. Colofón: ¿el derecho a la verdad en el proceso penal tradicional?

Puede que un lector o lectora de este recuento del derecho a la verdad considere que los alcances de este derecho estén limitados a “otras” sociedades, sociedades en las que impere una gran represión política, sociedades en transición hacia un régimen democrático, sociedades en las que las violaciones graves de los derechos humanos sean rutinarias.

Sin embargo, todas las sociedades pueden beneficiarse de un derecho robusto a la verdad, al igual que de las experiencias de las distintas comisiones de la verdad. Kiss expresa muy bien este punto, usando como ejemplo a Estados Unidos:

The institutional repertoire of truth commissions may be helpful in developing innovative approaches to a variety of moral and political challenges within stable liberal democratic regimes such as the United States. As Levinson has argued, “every society is in transition,” and all have their share of unacknowledged injustices with corrosive effects. Coretta Scott King called for something like a truth commission—a body with the capacity to grant amnesty from prosecution in exchange for testimony—to reopen the case of her husband’s assassination. Official acknowledgment has been absent or inadequate about many shameful aspects of American history that continue to haunt survivors and their descend[a]nts, from the Cherokee Trail of Tears to the staggering legacy of slavery and Jim Crow, and the continuing injuries of racism. Elements taken from truth commissions may be useful to efforts in these and other cases to establish official acknowledgment of wrongdoing and to do justice to the stories of survivors.[52]

En casos extremos, como los del Sendero de Lágrimas o Jim Crow, la utilidad del derecho de la verdad puede parecer más incontrovertible. Pero este derecho también es urgente en los procesos penales tradicionales, que se han mantenido indebidamente herméticos a las reclamaciones y las particularidades de las víctimas.

Como abogados y abogadas, debemos vencer el retraimiento mental que proviene de considerar que las formas tradicionales de obrar y de valorar a los sujetos de derecho son las únicas formas correctas. Debemos buscar maneras creativas de abrirles espacios a las víctimas sin sacrificar los valores más preciados de la sociedad.

Por ejemplo, ya existe un precedente en el que una persona renuncia a la prohibición contra la autoincriminación a cambio de dar un testimonio pleno.[53] ¿Por qué no supeditar la facultad de los fiscales a negociar con los acusados a cambio de una confesión plena del acusado, por lo menos en delitos de alto impacto? La tradición es un argumento en contra de esta opción, ciertamente, pero quizás ya es hora de replantearse el valor de una tradición que deja por fuera factores tan importantes como la sanación de las víctimas, el sentido de cierre de una experiencia traumática y la obtención de la verdad.

Foto por: Javi S&M

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[29] Yasmin Naqvi, The Right to the Truth in International Law: Fact or Fiction? 862 Int. Rev. of the Red Cross 245, 265-66 (2006).

[30] “Right to the truth litigation has proven to be an effective means of both remediating harm caused to individuals and satisfying society’s interest in the truth about gross violations of human rights”. Dermot Groome, The Right to Truth in the Fight Against Impunity 29 Berkeley J. Int. L. 175, 198 (2011). “Truth, i.e., ‘the clarification of the illegal facts and the corresponding responsibilities’ […] is both ‘a collective right that ensures society access to information that is essential for the workings of democratic systems, and […] a private right for relatives of the victims, which affords a form of compensation, in particular, in cases where amnesty laws are adopted’”. Kai Ambos, The Legal Framework of Transitional Justice: A Systematic Study with a Special Focus on the Role of the ICCen Building a Future on Peace and Justice Studies on Transitional Justice, Peace and Development: The Nuremberg Declaration on Peace and Justice 34-35 (Kai Ambos et al. eds., 2009).

[31] Ruti G. Teitel, Transitional Justice 79-80 (2000).

[32] “The scope of a truth commission’s investigation lends itself to establishing the facts of bureaucratic mass murder, with its overwhelming scale of violence, of incidents often numbering in the tens of thousands. The commission of inquiry thus emerges as the leading mechanism elaborated to cope with the evil of the modern repressive state, since bureaucratic murder calls for its institutional counterpart, a response that can capture massive and systemic persecution policy”. Ruti G. Teitel, Transitional Justice 78 (2000). “Fischer has argued that due to the practical limitations to prosecution in instances where large-scale human rights violations have occurred, reconciliation and conflict transformation can only emanate from a holistic approach to truth recovery, in which forensic truth recovery is complemented by the following: narrative truth (storytelling by victims and perpetrators, in which personal truths are communicated to a wide public); dialogical truth (truth of experience is established by interaction, discussion and debate); and healing or restorative truth (documentation of truth and acknowledgement which accords dignity to victims and survivors)”. Fayen d’Evie, Dispersed Truths and Displaced Memories: Extraterritorial Witnessing and Memorializing by Diaspora Through Public Arten The Arts of Transitional Justice Culture, Activism, and Memory after Atrocity 68 (Peter D. Rush & Olivera Simic eds., 2014).

[33] Lars Waldorf, Ex-Combatants and Truth Commissions, en Disarming the Past: Transitional Justice and Ex-combatants 111 (Ana Cutter Patel et al. eds., 2009).

[34] Glafira A. Marcon, Does Brazil Have the Right to Truth? 3.2.8 The Macalester Rev. 2 (2013) (citas omitidas).

[35] “Psychological research, especially with torture survivors, reinforced the notion that truth was important in itself. Survivors seemed to be helped by telling their story to a sympathetic listener and by setting it within a larger social context. It seemed reasonable that, just as individuals need ‘closure’ to leave trauma behind, whole traumatized societies would benefit from a public airing leading to closure. Religious leaders chimed in, arguing that knowing the truth would allow the victims to forgive without forgetting and the perpetrators to confess and atone, thus setting the stage for former enemies to live together”. Naomi Roht-Arriaza, The New Landscape of Transitional Justiceen Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice 4 (Naomi Roht-Arriaza & Javier Mariezcurrena eds., 2006).

[36] “Truth commissions originally gathered victim testimony in order to construct an official account of past abuses. However, a growing number of commission participants have begun to find value in the process of listening to such testimony. Some highlight the therapeutic value of giving testimony; for others, it represents a form of doing justice to victims. […] [T]he taking of survivor testimony has another dimension beyond, and independent of, its potential as a source of healing: it is an important means of doing justice to victims. […] Justice requires that we treat people as ends in themselves. We affirm the dignity and agency of those who have been brutalized by attending to their voices and making their stories a part of the historical record”. Elizabeth Kiss, Moral Ambition Within and Beyond Political Constrains: Reflections on Restorative Justiceen Truth v. Justice: The Morality of Truth Commissions 72, 73 (Robert I. Rotberg & Dennis Thompson eds., 2000).

[37] “[E]stablishing past wrongdoing gives victims a form of reparation, as well as delineates a line between regimes. Telling the victim’s story sets the record ‘straight’ on prior false allegations of political criminality, as, for example, in Latin American regimes, where many of the disappeared had been previously accused of subversion”. Ruti G. Teitel, Transitional Justice 90 (2000).

[38] Id. en las págs. 89-91.

[39] Elizabeth Kiss, Moral Ambition Within and Beyond Political Constrains: Reflections on Restorative Justiceen Truth v. Justice: The Morality of Truth Commissions 73 (Robert I. Rotberg & Dennis Thompson eds., 2000).

[40] Lars Waldorf, Ex-Combatants and Truth Commissions, en Disarming the Past: Transitional Justice and Ex-combatants 112 (Ana Cutter Patel et al. eds., 2009).

[41] Yasmin Naqvi, The Right to the Truth in International Law: Fact or Fiction?, 862 Int. Rev. of the Red Cross 245, 270 (2006).

[42] Id.

[43] Lars Waldorf, Ex-Combatants and Truth Commissions, en Disarming the Past: Transitional Justice and Ex-combatants 112 (Ana Cutter Patel et al. eds., 2009). Véase Fiona Ross, Testimony, en Pieces of the Puzzle: Keywords on Reconciliation and Transitional Justice 60 (Charles Villa-Vicencio & Erik Doxrader eds., 2004) (“As a form of truth-telling, testimony has also generated a great deal of suspicion among historians and social analysts. Testimony’s forms and claims are contested. What is truth? What kind of evidence suffices to make truthful claims about events? Can subjective states, such as emotions, serve as evidence in courts of law or in history books? Many historians and social analysts distrust testimony’s subjective and individual nature. They also distrust the source of testimony: memory, and its reference to the self. We know that memory is not the simple transference of experience into a transparent record but is complicated by the contexts of recall, desire and intention. Historians have long asked about the reliability of an individual’s memory of events. They have also asked about the relation of individual memory to social processes. Does an individual’s memory offer sufficient grounds for assertions about the nature of reality and experience?”).

[44] Ruti G. Teitel, Transitional Justice 83 (2000).

[45] “Historical trials may backfire and, rather than express the normative liberalizing messages, end up subverting their democracy-building purpose”. Ruti G. Teitel, Transitional Justice 76 (2000).

[46] Alex Boraine, Transitional Justice, en Pieces of the Puzzle: Keywords on Reconciliation and Transitional Justice 71 (Charles Villa-Vicencio & Erik Doxrader eds., 2004).

[47] Ruti G. Teitel, Transitional Justice 90 (2000).

[48] Naomi Roht-Arriaza, The New Landscape of Transitional Justiceen Transitional Justice in the Twenty-First Century: Beyond Truth versus Justice 5 (Naomi Roht-Arriaza & Javier Mariezcurrena eds., 2006).

[49] Roger Duthie & Irma Specht, DDR, Transitional justice, and the Reintegration of former child combatants, en Disarming the Past: Transitional Justice and Ex-combatants 201 (Ana Cutter Patel et al. eds., 2009).

[50] Id. en la pág. 219.

[51] Elizabeth Kiss, Moral Ambition Within and Beyond Political Constrains: Reflections on Restorative Justiceen Truth v. Justice: The Morality of Truth Commissions 72 (Robert I. Rotberg & Dennis Thompson eds., 2000).

[52] Id. en la pág. 92.

[53] “Transaction immunity nullifies the privilege against self-incrimination. That is, when someone receives immunity, he or she must testify. With the fear of prosecution absent, there is no excuse for withholding testimony. The failure to talk, then, constitutes contempt of court.” George P. Fletcher & Steve Sheppard, American Law in a Global Context: The Basics 538 (2005).

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