La Corte Suprema de Canadá reconoce el “derecho a morir”

A principios de este mes, la Corte Suprema de Canadá revocó por unanimidad la prohibición estatutaria del suicidio médicamente asistido en el caso Charter v. Canada. La sentencia permite a médicos, a través de fármacos autorizados, a ayudar a aquellas personas adultas en plenas facultades, que padezcan de un sufrimiento (físico o psicológico) intolerable y permanente, a ponerle fin a su vida. Además, como requisito adicional es necesario que estas personas hayan expresado una voluntad incontestable de así hacerlo. Una de las demandantes, Lee Carter, expresó que la decisión representa “una victoria inmensa para el pueblo canadiense y el legado de su madre”, quien en el 2010 murió en Suiza, país donde esta práctica se permite.

Anterior a Charter, en el año 1993 la Corte Suprema había denegado una petición de suicidio médicamente asistido a una señora canadiense que padecía de la enfermedad terminal de esclerosis lateral amiotrófica, mejor conocida como la enfermedad de Lou Gehrig. Al revocar el precedente establecido en dicho caso, la Corte interpretó la Carta canadiense de Derechos y Libertades de 1982 de manera más extensiva al afirmar que el derecho a vivir conforme al principio constitucional de la libertad e igual trato ante la ley, también incluye “el derecho morir”. Enfatizó que el derecho a la vida no debe entenderse como una “obligación de vivir”, pues lo importante es reiterar que ni el Estado o cualquier otro individuo pueden privar a otros de este derecho. La base cardinal de la decisión recae en la protección a la autonomía y dignidad humana consagrada en la Carta canadiense de Derechos y Libertades.

La decisión suscrita bajo la rúbrica de “La Corte”, es decir, sin nombrar a un juez en específico, pone “contra un reloj” de 12 meses al Parlamento conservador en poder, quien históricamente se ha expresado en contra de dicha práctica, de proponer una legislación nacional. Entre las opciones del gobierno federal existe la posibilidad de: (1) ignorar por completo la decisión y resolver que cada provincia adopte su propia legislación, o (2) formular legislación concreta que limite o expanda el mínimo de los principios establecidos por la Corte. De seleccionar la segunda opción, la recomendada por diversos juristas, el gobierno podría utilizar como modelo las leyes adoptadas en la provincia de Quebec donde la práctica ya es legal. Por otro lado, se pueden estudiar modelos internacionales reconocidos en otras jurisdicciones, como Bélgica, Suiza y el estado de Oregon.

Por último, la decisión podría tener un impacto significativo en torno a ciudadanos estadounidenses que cualifiquen y deseen un suicidio médicamente asistido. La Carta de Derechos canadiense expresamente garantiza igualdad de derechos, independiente de toda discriminación, especialmente de discriminación fundada en raza, origen nacional o étnico, lo que podría abrir la puerta para un posible “turismo de suicidios”. No obstante, según defensores de la decisión, todo dependerá de los parámetros, si alguno, que establezca el Parlamento canadiense.

Para más información:

 

 

Foto por: Carolina Macaya

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