Corte Interamericana de Derechos Humanos v. República Dominicana: El conflicto de la jurisdicción obligatoria de la Corte

Por: Karla Fernández Martínez

Recuerdo cuando el pasado 26 de septiembre de 2013 se publicó la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana (en adelante, Tribunal Constitucional) sobre la eliminación de la ciudadanía de ciertas personas. Muchos no podían creer que el gobierno llegase a discriminar de manera tan severa. A través de dicha sentencia, el Tribunal Constitucional eliminó el reconocimiento oficial a residentes extranjeros y a los descendientes de extranjeros. De un día para otro, muchos perdieron parte de su identidad, la mayoría de estos haitianos. La eliminación del reconocimiento de la ciudadanía resulta ser un acto violento de parte del gobierno dominicano a una parte significativa de su población.

Es reconocido a nivel internacional que la nacionalidad es parte fundamental de los derechos humanos que el Estado está obligado a proteger. Tristemente, este derecho fundamental no siempre se respeta. Todos conocemos las críticas: El Derecho Internacional Público no funciona porque no hay forma de obligar a los Estados a actuar conforme a él.

El 12 de julio del 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refirió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte) el caso contra República Dominicana por la sentencia del Tribunal Constitucional.  Dada la inmensa inmigración haitiana hacia la República Dominicana, una gran cantidad de los afectados resultan ser de descendencia haitiana. El 28 de agosto del 2014, la Corte concluyó que la República Dominicana era responsable internacionalmente por su discrimen hacia los haitianos y personas de descendencia haitiana en su país.

La Corte determinó que hubo privaciones ilegales y arbitrarias, al igual que expulsiones sumarias de personas dominicanas descendientes de haitianos, y de haitianos como tal, ocurridas entre el 1999 y el 2000. Al momento de las expulsiones, la República Dominicana destruyó todos los documentos oficiales, mientras que a la vez se desconocía el paradero de otras personas afectadas. Los niños de los nacidos en la República Dominicana no estaban registrados ni tenían identificación oficial.

Por consiguiente, la Corte ordenó que el gobierno de la República Dominicana modificara las leyes de cualquier índole, incluyendo la Constitución, para evitar la negación de la ciudadanía.  Además, le exigió crear un procedimiento que facilite la inscripción de los menores de edad. Otra medida recomendada fue establecer un proceso para que los haitianos sean debidamente inscritos y se les de la documentación oficial necesaria. A mi parecer, la recomendación más interesante fue ordenar que el Estado dejara sin efectos jurídicos la referida sentencia del Tribunal Constitucional.

Ya para el 24 de octubre del 2014, el gobierno dominicano rechazó la determinación de la Corte por ser “extemporánea, sesgada e inoportuna.” El gobierno explicó que la República Dominicana sigue el artículo 1 del Convenio de la Haya de 1930, en dónde se establece que cada Estado determina quiénes son sus nacionales. En la misma declaración, el Gobierno critica a la Corte por ignorar partes importantes de la historia dominicana, como el desarrollo de derechos de la tercera generación.

El 6 de noviembre del 2014, la Corte manifestó su preocupación por la falta de compromiso de la República Dominicana con los derechos humanos y con el sistema interamericano. La Corte expresa que lleva más de dos décadas tratando de mejorar la calidad de vida de los haitianos y sus descendientes en la República Dominicana y no lo ha logrado.  Continúa señalando que la Corte ha emitido cuatro sentencias que la República Dominicana ha incumplido.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional decidió que el instrumento de aceptación de competencia de la Corte es inconstitucional. La Corte respondió diciendo que en ningún lado se ha establecido que un Estado puede ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH) y a la vez desvincularse de la competencia de la Corte. Tratar de desvincularse de la competencia de la Corte sería contrario al propósito y el objetivo del sistema interamericano de derechos humanos. En fin, la República Dominicana no puede desvincularse del sistema de derechos humanos interamericano en reacción a una sentencia desfavorable y aún así continuar participando de la Organización de Estados Americanos.

Por esta razón, la Corte anunció que la República Dominicana está violando el derecho internacional. La República Dominicana lleva más de quince años como Estado Parte de la CADH. De un día para otro no se puede renunciar al sistema porque hay unos principios ya establecidos que aplican a la comunidad internacional completa.

El primer principio de derecho internacional que aplica a la comunidad internacional es el principio de la buena fe. La buena fe es la presunción de que las partes envueltas van a tratarse de forma justa y honesta. El segundo principio es el principio de estoppel, el cual establece que una parte no se puede salir de una promesa hecha a una segunda parte si esta razonablemente confió en esa promesa. Cuando la República Dominicana se incorporó al sistema interamericano de derechos humanos, el gobierno conocía todas las obligaciones que eso involucraba. Una de estas obligaciones es tener que implementar las sentencias de la Corte.

El Tribunal Constitucional cita el artículo 46 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados que establece lo siguiente:

El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno.

Quince años más tarde, se percataron de que para que la CADH tuviera efecto jurídico, tenía que ser sometido al Congreso para el proceso de verificación. Ante esto, el Tribunal Constitucional continúa señalando que al no haberse seguido el proceso de verificación, se ha generado la inconstitucionalidad del tratado. Para los jueces dominicanos, las obligaciones no son automáticas desde que se firma la CADH, sino hasta que tenga el consentimiento del gobierno del Estado.

Es sospechoso que al emitirse una sentencia de la Corte en el cuál se regaña a la República Dominicana por su incumplimiento con los derechos humanos, el Tribunal Constitucional decide que la convención que le da competencia a la CorteIDH es inconstitucional. ¿Cómo es que se tardaron quince años en darse cuenta que no siguieron el proceso adecuado? ¿Dónde estaba el Congreso que dejó que el Presidente firmara un tratado sin seguir el proceso de verificación? ¿Dónde estaba el Congreso o el Presidente que no se aseguraron que la convención fuera eficaz cuando se firmó en el año 1999?

Si este en realidad es el caso, ¿por qué esperaron tanto? En mi opinión, creo que el Tribunal Constitucional está usando la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados para tirarle la toalla al Presidente. Los tribunales deberían haber utilizado la sentencia del Corte como ejemplo de su compromiso con los derechos humanos y el derecho internacional. Todas las ramas del gobierno de la República Dominica decidieron actuar en consorcio al querer salirse del sistema porque la determinación no era lo que ellos querían. El Gobierno ha discutido públicamente que la Corte está prejuiciada en contra de su país, y que esta intenta destruir a la República Dominicana.

El gobierno de la República Dominicana apunta a que la Corte está destruyendo su país. Sin embargo, el gobierno no se da cuenta que con sus declaraciones está eliminando conexiones al sistema interamericano. Salirse del sistema interamericano significaría que sus ciudadanos no tienen instituciones a donde acudir cuando el Estado no cumple con sus obligaciones internacionales, especialmente con los derechos humanos. La consecuencia de las acciones del gobierno de la República Dominicana es que sus ciudadanos y residentes tienen un recurso menos en donde tratar de hacer valer sus derechos humanos. Cuando esto ocurre, nadie gana.

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