La protección del medio ambiente en los procesos de integración de América Latina

Por Gina Lisselle Rosario Díaz

A lo largo de las últimas décadas, el impacto de la humanidad en el medio ambiente se ha agudizado. El aumento de la población, el rápido desarrollo tecnológico, la industrialización y la expansión agrícola son factores que han abonado al deterioro ambiental.[1] Esta situación ha creado preocupación en la comunidad internacional, pues de continuar este aumento se producirá un límite de la capacidad del planeta para abastecer las economías mundiales con suficiente agua, energía y otros recursos básicos; provocando a su vez cambios substanciales que generan incertidumbre e inestabilidad a nivel mundial.

Las políticas de desarrollo, normalmente, se han centrado en la producción y el crecimiento socioeconómico sin tomar en cuenta el medio ambiente y los inmensos beneficios que este proporciona a la humanidad. Esta situación generó un grave daño ambiental que está afectando el mundo, en especial a los países en vías de desarrollo, cuyo crecimiento económico mayormente se sustenta en la producción agrícola. Muchos recursos naturales, como el agua, se están agotando progresivamente debido a la sobreexplotación de los mismos.

Contexto global de la protección del medio ambiente en los procesos de integración

En las últimas décadas, los beneficios proporcionados por el crecimiento global no han podido compensar las consecuencias sobre el medio ambiente. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se prevé que la población mundial llegará a 8,2 millardos para 2030, por lo que la Tierra tendrá que alimentar a 1,5 millardos más de personas, de las cuales el 90 por ciento vivirá en los países en desarrollo. Además, las proyecciones apuntan que para el año 2025 más de 3 mil millones de personas podrían estar viviendo en países que sufren estrés de agua.

 En este sentido, dentro del contexto global, han surgido organismos internacionales y acuerdos económicos que se enfocan en aunar esfuerzos, instando a la comunidad internacional a que exista una integración de los aspectos medioambientales en la adopción de decisiones de cada uno de los países. Esta iniciativa surge con la intención de que en cualquier modelo de desarrollo que se implemente en un país, se tome en cuenta las consecuencias al medio ambiente, ya que de lo contrario, no será capaz de garantizar un aumento en la prosperidad, particularmente en los países en vías de desarrollo.[2] En consecuencia, varias organizaciones internacionales fueron abordando esta problemática, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el año 1972; la Unión Europea (UE) con el Tratado de Lisboa, el cual incluye la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible entre los objetivos fundamentales de la UE; el Banco Mundial con la adopción de diferentes líneas que se enfocaban específicamente en la creación de mecanismo para abordar la problemática ambiental, entre otros como son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Organización Mundial del Comercio.[3]

Otra iniciativa que influyó en este proceso es el Informe Brundland de 1987, en el que se estableció la visión del desarrollo sostenible definido como “aquel desarrollo capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones”.[4] Dicho desarrollo sostenible se logra, en parte, mediante la integración del medio ambiente en la planificación económica y la toma de decisiones. Así lo recoge el Programa 21 –también conocido como Agenda 21- el cual ha marcado los esfuerzos por priorizar el medio ambiente en la toma de decisiones de los Estados, buscando así promover el desarrollo sostenible entre los mismos.

A partir de entonces, los Estados elaboraron diversos planes de acción y estrategias ambientales a nivel nacional, regional e internacional; todas dirigidas hacia el desarrollo sostenible. No obstante, la atención principal se desplazó hacia la reducción de la pobreza, el aumento de sus beneficios económicos, el establecer garantías de medios de vida y seguridad para los grupos marginados, particularmente, para las mujeres y niños. Según Raúl Brañes, comenzó, entonces, una nueva era de incorporación ambiental, es decir, la incorporación de normas ambientales en los ordenamientos jurídicos, basada en la “efectividad” de las leyes ambientales[5] y centrada en discursos que promueven la consideración de los vínculos existentes entre la pobreza y el medio ambiente, los cuales han sido presentados a los ministerios de planificación, de finanzas y agencias encargadas del desarrollo nacional.[6]

El medio ambiente y los procesos de integración en América Latina

América Latina es una región con una alta riqueza en recursos naturales. La misma posee actualmente varias reservas naturales que alberga cientos de especies y ecosistemas como: el Parque Nacional Iguazú, el Parque Nacional Yasuní, el Parque Nacional de la Amazonía, entre otros. Habiendo mencionado importantes áreas naturales de nuestra América Latina, resulta imperante que el medio ambiente adquiera prioridad en los procesos de integración regionales.

Sin embargo, es importante destacar que en los primeros acuerdos de integración latinoamericanos no se tenía en cuenta esta variable ambiental.[7] En dicha época, fueron otros los factores que tuvieron relevancia como el crecimiento económico y el incentivo del comercio. Fueron pocos los acuerdos y tratados que, a lo sumo, mencionaban el aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, a simple vista lo que verdaderamente reflejaban los acuerdos entre los países latinoamericanos de las pasadas décadas era la poca o ninguna importancia que tenían los temas ambientales.

Esta realidad cambió tras la conferencia de Estocolmo en 1972 ya que a partir de esta, los Estados reconocieron la necesidad de adoptar medidas encaminadas a promover la protección del medio ambiente y creando precedentes para iniciar a priorizar los temas ambientales en la agenda nacional e internacional. Veinte años después, en 1992, la Cumbre de Río reafirmó la necesidad de desarrollar estrategias y medidas para hacer frente a la degradación ambiental y llegar a un acuerdo sobre la necesidad de promover la idea de desarrollo sostenible.

Como consecuencia, desde la década de 1972 hasta la fecha, los Estados han realizado cambios y reformas en sus respectivas legislaciones con el objetivo de priorizar el medio ambiente en diversos ámbitos como: energético, social, económico, constitucional, entre otros. Bajo una práctica de protección ambiental constitucional y legislación propiamente ambiental[8] los países de la región han buscado integrar el medio ambiente dentro de un contexto constitucional. En este sentido, durante el período de 1972 a 1999,[9] la mayoría de los países que componen el continente americano incluyeron el medio ambiente en sus normas constitucionales: Panamá (1972), Cuba (1976), Perú (1979, sustituida en 1993), Ecuador (1979, sustituida en 1998), Chile (1980), Honduras (1982), El Salvador (1983), Guatemala (1985), Haití (1987), Nicaragua (1987), Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), Argentina (1994) y Venezuela (1999). Estos datos evidencian una evolución continua de la protección del medio ambiente en Latinoamérica y muestran que esta ha llevado a que el medio ambiente se convierta en un factor clave en los procesos de integración del continente.[10]

Es muy probable que la inclusión de la problemática ambiental en los procesos de integración pudiera haberse originado en requerimientos de tipo comercial, aunque no incluya solo este aspecto.[11] Ejemplo de esto lo podemos apreciar en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el cual se concibe como un bloque subregional donde se genera un proceso de integración comercial fruto de la libre circulación de bienes y productos, el cual incluye la dimensión ambiental. El tercer párrafo del preámbulo del Tratado de Asunción refleja de manera puntual la preservación del medio ambiente el cual dice:

ENTENDIENDO que ese objetivo debe ser alcanzado mediante el más eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, la preservación del medio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones físicas, la coordinación de las políticas macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de la economía, con base en los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio.[12]

Otro ejemplo de integración latinoamericana en materia ambiental lo encontramos en la Organización de los Estados Americanos (OEA) que mediante el Departamento de Desarrollo Sostenible apoya a los Estados miembros a formular, diseñar e implementar políticas y proyectos que contribuyan a integrar las prioridades ambientales en la mitigación de la pobreza y los objetivos de desarrollo socioeconómico. De igual forma, la OEA lleva a cabo varios mandatos destinados a proteger la biodiversidad, fortalecer la legislación ambiental, la gestión de recursos hídricos, aumentar la conciencia sobre el cambio climático, promover la sostenibilidad, entre otros.

Por su parte, se encuentra la Comunidad Andina de Naciones (CAN) la cual aborda en su agenda ambiental cuatro ejes principales: biodiversidad, cambio climático, prevención y atención de desastres, y recursos hídricos. Según Graciela Salas, atendiendo el desarrollo integracional ambiental que ha tenido el organismo, también se suman otras áreas como: “bio-comercio, la lucha contra la eco-erosión o la erosión genética, la deforestación, la sedimentación, la contaminación, la urbanización acelerada, entre otros”.[13]

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el medio ambiente

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) es una organización regional, establecida en el año 2008 por el Tratado de Brasilia, el cual impulsa la integración regional en diversas áreas como: energía, educación, salud, ambiente, infraestructura, seguridad y democracia. Según el informe 2011 de la CEPAL – UNASUR “los países de la UNASUR enfrentan problemas ambientales que comprometen su capacidad de sostener el desarrollo, como la pérdida de biodiversidad y de bosques, la sobreexplotación de los recursos naturales, la degradación de los suelos y el agotamiento de las pesquerías”.[14] Esta vulnerabilidad pone de manifiesto la relevancia que debe tener el medio ambiente en los procesos de integración sostenidos bajo este organismo.

Según el Tratado Constitutivo de UNASUR:

[L]a Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.[15]

En este sentido, en lo que respecta a la protección ambiental se puede comprobar la inclusión de un espacio de integración en materia de medio ambiente dentro del objetivo principal de la organización, el cual queda evidenciado en el artículo 3, acápite g del referido tratado donde se establece “la protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, así como la cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha contra las causas y los efectos del cambio climático”.[16]

Esta dimensión ambiental incluida en los procesos de integración quedó plasmada en la entonces Comunidad Sudamericana de Naciones (hoy UNASUR), específicamente en la primera reunión de jefes de Estados el 30 de septiembre de 2005, donde se identificó al medio ambiente como una de las áreas prioritarias y se encomendó a la secretaría de los procesos de integración involucrados un informe sobre cuestiones jurídicas e institucionales.[17]

Sin embargo, en la UNASUR no existe un mecanismo que pueda concretar y canalizar la prioridad asumida ante el tema. Dentro de la estructura de la organización, actualmente los trabajos de integración que abordan un componente ambiental se canalizan mediante el Consejo Suramericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación (COSECCTI), el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) y el Consejo Energético Suramericano que -dentro de sus respectivos objetivos y mandatos- abordan temas ambientales. Por ejemplo, en el plan de acción 2012 del Consejo Sudamericano de Defensa existen propuestas de los estados miembros que van en línea con la comprensión del medio ambiente y la identificación de ventajas, amenazas y riesgos para la preservación de los recursos de la región.

Un análisis comparativo entre la Comunidad de Naciones Sudamericanas, el MERCOSUR y CAN[18] muestra que los mecanismos de integración de la UNASUR difieren de otros organismos regionales. como son MERCOSUR y CAN que cuentan con instrumentos marco sobre medio ambiente, así como una estructura institucional que les permite abordar propiamente el componente ambiental. Por ejemplo, el órgano encargado de las cuestiones ambientales en el MERCOSUR es el Grupo del Mercado Común el cual realiza su misión mediante el Subgrupo de Trabajo 6 Medio Ambiente, creado por la resolución 20/95,[19] reuniéndose de forma periódica. Por su parte, el CAN cuenta con el Área Ambiental, la cual actúa como Secretaría Técnica de las instancias subregionales constituidas para asesorar los temas relacionados con el medio ambiente. Algunas de estas instancias subregionales son: el Comité Andino de Autoridades Ambientales (CAAAM), el Consejo Andino de Ministros de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE).[20]

En este aspecto, podríamos decir que los avances que ha logrado el MERCOSUR en materia ambiental, se deben a la estructura institucional donde existen mecanismos específicos para abordar los temas ambientales.

Son muchas las iniciativas en materia ambiental que ha impulsado la UNASUR, por ejemplo: la conferencia sobre Recursos Naturales y la propuesta de un modelo educativo sobre medio ambiente que unifique criterios conceptuales y materiales para la enseñanza ambiental en la región. Asimismo, la inclusión del medio ambiente y biodiversidad en la prevención de la delincuencia organizada transnacional; es necesario contar con un mecanismo institucional específico que permita canalizar el seguimiento y monitoreo de estas iniciativas y resultados para lograr una adecuada inclusión de la dimensión ambiental en los procesos de integración de la UNASUR.

Conclusiones

A pesar de que en los actuales sistemas de adopción de decisiones de muchos países latinoamericanos existe la tendencia de separar los factores económicos y sociales del medio ambiente, tanto en la política, planificación y gestión nacionales y regionales, se puede colegir que Latinoamérica demostró su dedicación a generar un proceso de integración ambiental. Esto representa un logro de gran importancia que adelanta el desarrollo sostenible en la región. Consecuentemente, esto influye en el accionar de todos los sectores que componen la sociedad de una nación, lo cual contribuye a la eficiencia y la sostenibilidad del desarrollo.

En el ámbito de la UNASUR, por ejemplo, se reconoce la importancia otorgada al medio ambiente dentro de los procesos de integración del organismo. Sin embargo, el cuidado y preservación del medio ambiente es tan importante y complejo que exige una dependencia específica, es decir, una entidad dentro de la organización que pueda tratar directamente dichos temas, como es el caso de los Consejos Sectoriales, que se ocupe de lograr acuerdos, velar por su cumplimiento y monitorear las diversas acciones, proyectos que se realicen en las áreas de medio ambiente y recursos naturales.

Por esta razón, se recomienda la creación de un Consejo Sectorial de Protección del Medio Ambiente que pueda regular las acciones tomadas dentro del ámbito regional del UNASUR en lo que respecta a la protección del medio ambiente y los recursos naturales de la región. Este consejo sería el coordinador de los temas ambientales de la región latinoamericana. Por lo tanto, los actuales consejos sectoriales que manejan las políticas de integración del medio ambiente fungirán entes de apoyo. Esta cooperación entre organismos también se puede extenderse a organismos de los Estados Miembros de UNASUR, según lo establecido en el Artículo 3, acápite (q) del Tratado Constitutivo de la UNASUR que se refiere a la coordinación entre los organismos especializados de los Estados Miembros para abordar ciertos temas, y que aunque el medio ambiente no se encuentre entre estos temas, este artículo podría ser utilizado como punto de referencia para iniciar el referido proceso de coordinación interinstitucional.

A lo largo de las últimas décadas, específicamente desde la década de los año 70 hasta la fecha, los principales acontecimientos ambientales que han convergido en el mundo han demostrado la urgente necesidad de regular el uso de los recursos naturales bajo un régimen de prevención de riesgos y regular la coexistencia de los seres humanos en la naturaleza. A pesar de que los Estados tienen la soberanía sobre los recursos naturales en su territorio, deben cumplir con los principios en virtud del derecho internacional ambiental destinadas a establecer la regulación de los recursos naturales transfronterizos.

La soberanía sobre los recursos naturales implica la protección de estos recursos, más especialmente en los países donde mejora directamente las condiciones de vida de la población en desarrollo, especialmente en los países en los que una fuerte dependencia del turismo y de los recursos naturales para diversos medios de vida.

En este sentido, no cabe duda que los Estados han ido integrando políticas de protección de medio ambiente en los distintos procesos de integración, realizando avances significativos hacia la formulación de políticas y la adopción de decisiones en materia de planificación regional. Sin embargo, es importante identificar los principales vínculos entre la integración de los países, el desarrollo y el medio ambiente, así como los factores en materia de gobernanza e institucionales que permitan la interacción entre la protección de los recursos naturales y la disminución de la pobreza.

Foto del Parque Nacional Iguazú, Argentina por Juanedc.

 ___________________________________

[1] EuropeAid, Manual de Integración del Medio Ambiente en la Cooperación al Desarrollo de la Comisión Europea 15 (2007), http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/methodology-environmental-integration-ec-development-handbook-200612_es_2.pdf.

[2] EuropAid, supra nota 1, en la pág. 15.

[3] Blanco Jiménez, Francisco y González Blanch, Miguel. Los procesos de integración económica y medio ambiente 10 Revistas ICE 2638 (2000), http://www.revistasice.com/CachePDF/BICE_2638_9-18__7A94475050AAFCD726C7CBA482C57CD1.pdf.

[4] El Informe Brundtland es considerado como la génesis del concepto de desarrollo sostenible, el cual es concebido como un equilibrio del desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental. El mismo fue realizado por la ex-primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland, con el objetivo de analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económicas a finales de la década de los años 80. Para más información véase U.N. WCED Rep. Our Common Future, Aug. 4,1987, U.N.Doc. A/42/427; GAOR, 4th Sess,. Supp. No. 25 (1987). Disponible en: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm.

[5] Raúl Brañes. La Fundación del Derecho Ambiental en América Latina 13 (2006) (ROLAC & PNUMA).

[6] UNEP, Nota de orientación sobre la incorporación del medio ambiente en la planificación del desarrollo a nivel nacional 2 (2010), http://www.unpei.org/sites/default/files/publications/esp.pdf.

[7] Blanco Jiménez y González Blanch., supra nota 4, en la pág. 14.

[8] Así lo define Raúl Brañes en el Informe sobre el Desarrollo del Derecho Ambiental Latinoamericano, 2001. Su Aplicación después de diez años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Se refiere a la adaptación del medio ambiente en las legislaciones Latinoamericanas en los años 1972-1992. Véase Raúl Brañes, Informe sobre el Desarrollo Ambiental Latinoamericano 11 (2001).

[9] Según lo que plantea Brañes en este mismo informe que “[l]a compleja historia política reciente de gran mayoría de los 20 países que componen América Latina ha llevado a una renovación de sus instituciones, lo que se ha reflejado, entre otras cosas, en cambios constitucionales. En efecto, entre 1972 y 1999, 16 de los 20 países de la región se han dado nuevas Constituciones Políticas, que de diversas maneras han procurado incorporar las modernas preocupaciones de la sociedad latinoamericana. Esto ha permitido, entre otras muchas novedades, que en estas nuevas Constituciones figuren un número importante de disposiciones que se refieren a la preocupación por la protección del medio ambiente y la promoción de un modelo de desarrollo sostenible, que han venido a ‘enverdecer’ estas Leyes Fundamentales”. (Id. en la pág. 12).

[10] Brañes, supra nota 8, en la pág. 114.

[11] Moreira, Alberto. Integración Regional y Medio Ambiente. Reflexiones acerca de la dimensión ambiental del MERCOSUR 2 (2012), http://lasil-sladi.org/files/live/sites/lasil-sladi/files/shared/Working%20Papers/Working%20Paper%207%20Moreira.pdf.

[12] Tratado de Asunción, Preámbulo, Mar. 26, 1991, 30 ILM 1044.

[13] Graciela R. Salas, El medio ambiente en los procesos de integración sudamericanos en Cuaderno de Derecho Internacional 90 (Armando S. Andruet ed., 2010).

[14] UNASUR, Unasur: Un espacio de desarrollo y cooperación por construir 44 (2011), http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2994/S2011004_es.pdf?sequence=1.

[15] Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Tratado Constitutivo de UNASUR, 23 de mayo de 2008, http://www.unasursg.org/images/descargas/DOCUMENTOS%20CONSTITUTIVOS%20DE%20UNASUR/Tratado-UNASUR-solo.pdf (última visita 3 de feb. 2015).

[16] Alberto César Moreira, La protección ambiental en los procesos de integración. Aportes para cubrir un déficitl del Mercosur 216 (2012).

[17] ALADI, CAN & Mercosur, Cuestiones Jurídico-institucionales de la Comunidad Sudamericana de Naciones 13-149 (2006), http://www.comunidadandina.org/unasur/Capitulo1_Areas_Prioritarias.pdf.

[18] Id.

[19] Mercado común del sur, [Mercosur] Estructura del grupo Mercado Común, XVII Reun. GMC, Acta Nº 20/95 (2 al 3 de ago., 1995).

[20] Comunidad Andina, Medio Ambiente: Nuestra Misión, http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=127&tipo=TE (última visita 3 de feb. 2015).

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