Estados Unidos justifica campaña aérea en Siria

Foto por DVDSHUB

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El 10 de septiembre de 2014, el presidente de Estados Unidos de América, Barack Obama, anunció que junto a una coalición de países occidentales y árabes, comenzaría a bombardear posiciones estratégicas controladas por el Estado Islámico en Irak y Siria. El martes, 23 de septiembre, varios medios reportaron el inicio de dicha campaña en Siria.

Asimismo, el presidente Obama anunció que los aviones estadounidenses también bombardearon asentamientos del grupo militante Khorasan -colectividad que, aparentemente, está asociada a Al Qaeda. A su vez, declaró que no habría lugar seguro para grupos asociado con Al Qaeda. Estudiosos del Derecho y expertos en terrorismo expresaron que aunque en el ataque aéreo se asesinó a Muhsin al-Fadhli, líder de Khorasan, esto no disuadiría las ambiciones del grupo terrorista.

Este no es el primer ataque en contra del Estado Islámico a manos de Estados Unidos o de la coalición, ya que Irak había solicitado anteriormente la intervención de los estadounidenses en su país. Sin embargo, este sí es el primer bombardeo en Siria y, que a su vez, se realizó sin el consentimiento expreso del gobierno sirio. En algunas esferas del mundo árabe, estos ataques son percibidos con cierto grado de cinismo. Massoud al-Hennawi, columnista egipcio del periódico Al Ahram, expresó que Estados Unidos y sus aliados quieren dividir las tierras árabes, destruir sus naciones, ocupar sus territorios y monopolizar sus alternativas sin derramar sangre azul.

Posibles justificaciones legales

La campaña aérea de Estados Unidos contra el Estado Islámico ha generado debate entre juristas especializados en Derecho internacional público en cuanto a su justificación legal.

En primer lugar, la teoría del consentimiento requiere que el gobierno sirio de Bashar al-Assad acceda al uso de la fuerza dentro de su territorio. Estados Unidos rehusó buscar este consentimiento a pesar de la aparente disposición de Assad para darlo.

Otra vía para legitimar los ataques aéreos es si el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas -en virtud de los poderes conferidos por el Capítulo VII de la Carta de la ONU- autorizar la acción militar. Ningún país de la coalición buscó tal autorización.

Como tercera alternativa, Estados Unidos podría justificar el bombardeo argumentando que se trata de una intervención humanitaria como respuesta a las atrocidades cometidas por el Estado Islámico y la necesidad de prevenirlas. Probablemente, esto requeriría también de la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.

Por último, los ataques podrían ser enmarcados como parte de una estrategia colectiva de defensa del estado iraquí al amparo del artículo 51 de la Carta de la ONU. Sin embargo, el problema sobre el uso legítimo de la defensa propia y la validez de buscar ayuda extranjera en dicha encomienda, estriba en la extraterritorialidad de la acción. Aunque el Estado Islámico se encuentra en los territorio de Irak y Siria, Irak no tiene poder sobre el uso de la fuerza militar en el territorio ajeno.

En una carta enviada al presidente de la ONU Ban Ki-moon, la embajadora estadounidense ante dicho organismo, Samantha Power, justificó el bombardeo sirio a la luz de la última teoría; añadiendo una solución retórica al problema de extraterritorialidad. Esta alude a que el estado sirio no tiene la capacidad para encargarse de la amenaza transfronteriza, por lo cual Irak, y, consiguientemente, Estados Unidos y su coalición, tiene derecho a usar su poder militar en Siria para combatir el Estado Islámico. De manera similar, Power cita el artículo 51 para justificar el bombardeo contra el grupo Khorasan basándose en la premisa de que representan una amenaza para su país.

La administración del presidente Obama necesita constatar una base legal sólida para su intervención. La retórica de pelear contra un grupo terrorista afiliado a Al Qaeda, puede tener resonancia en el público estadounidense, pero en el resto de la comunidad internacional solo ha generado escepticismo sobre la denominada “guerra global contra el terrorismo”. Una coalición amplia y diversa de países como la que está tratando de construir el presidente Obama parece necesitar de una pronta justificación legal.

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