Corte Federal Desestima Reclamo por Asesinato de Ciudadano Estadounidense por Ataque “Drone”

El pasado 4 de abril, una Corte Federal de Distrito en Washington, D.C. en los Estados Unidos desestimó una demanda llevada por Nasser al-Aulaqi en representación de su hijo Anwar al-Aulaqi y de su nieto de 16 años, Abdulraham al-Aulaqi. Los dos murieron en ataques selectivos (targeted killings) llevados a cabo por el gobierno estadounidense en Yemen en septiembre y octubre de 2011, respectivamente, como parte de su controversial campaña de asesinato clandestino en contra de líderes terroristas. Anwar al-Aulaqi era un líder activo de al-Qaeda en la Península Arábica (“AQAP”) que se alega que contribuyó a la planificación de varios ataques terroristas, entre ellos el fallido atentado del conocido underwear bomber en diciembre de 2009,  y que además ostentó un rol en la masacre de Ft. Hood, Texas, de noviembre del mismo año. Tanto Anwar como su hijo Abdulraham eran ciudadanos americanos.

El caso federal, Al-Aulaqi v. Panetta, et al., es parte de un largo esfuerzo por Nasser Al-Aulaqi dirigido a, en un principio, impedir la ejecución de la orden de asesinato dirigida contra Anwar, y posterior a su asesinato, recuperar daños monetarios por su muerte. En 2010, el primer intento de Nasser, que nombraba al Presidente Obama y al gobierno federal entre los demandados, fue denegado por una Corte Federal de Distrito de D.C. Esta entendió que lo alegado constituía una cuestión política, por sobre la cual el tribunal determinó que no poseía jurisdicción.

La segunda demanda, que nombra a Leon Panetta, el entonces Secretario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, a David Petraeus, el entonces director de la Agencia de Inteligencia Central (la “CIA”) y a otros dos oficiales, buscó imputarles responsabilidad en su capacidad personal por actos inconstitucionales so color de autoridad, en la modalidad de lo que se conoce como una acción Bivens.[1] La misma alegaba que los demandados violentaron los derechos de Anwar y Abdulraham, en específico sus derechos a debido proceso de ley bajo la Quinta Enmienda a la Constitución de EE.UU. y de estar libre de incautaciones irrazonables bajo la Cuarta Enmienda.

En su defensa, los demandados argumentaron (1) que se trataba otra vez de una cuestión política, por lo cual no había jurisdicción sobre la materia; (2) que factores especiales prohibían la procedencia de la acción Bivens; y (3) que gozaban de inmunidad. Además, aludieron a que, bajo la Regla 12(b)(6) de Procedimiento Civil Federal, no existía un reclamo bajo el cual se podía expedir un remedio.

La Juez Federal Rosemary M. Collyer decidió acoger el segundo planteamiento de los demandados referente a los factores especiales que en este caso impedían la procedencia de una acción Bivens, entre ellos la prerrogativa de las ramas ejecutivas y legislativas para conducir la política externa y militar del país. De esta manera, la Juez evitó pronunciarse sobre los planteamientos constitucionales. Su decisión se limita, según ella, a trazar una línea en el contexto de acciones tipo Bivens en cuanto al ejercicio de los poderes de guerra contra un sujeto de ciudadanía americana fuera de los Estados Unidos. Según la opinión, el hecho de que Anwar haya sido ciudadano americano no afectó su análisis de Bivens, aunque si le dio “pausa”.

Curiosamente, la Juez Collyer descartó el planteamiento de los demandados sobre la aplicabilidad de la doctrina de cuestión política, y además concluyó que Nasser presentó un planteamiento “plausible” sobre la violación del debido proceso de ley. Por consiguiente, a pesar de que en el cálculo final la inaplicabilidad de Bivens fue suficiente para derrotar esta acción, el razonamiento de la opinión parece abrir las puertas a otros reclamos similares que igual no podrían estar sujetos a la poderosa defensa de cuestión política.

La decisión puede apelarse al circuito federal.

Para un análisis de la opinión, acceda aquí: ScotusBlog (en inglés)

Para la opinión de la Juez Collyer, acceda aquí: Al Aulaqi v. Panetta, et al.

Para un excelente relato sobre la búsqueda por al-Aulaqi, acceda aquí: New York Times.

[1]En el caso Bivens v. Six Unknown Named Agents of Fed. Bureau of Narcotics, 403 U.S. 388 (1971), el Tribunal Supremo de los EE.UU. reconoció la posibilidad de una acción privada en daños por violaciones de derechos civiles que puede ser reclamada en virtud de la Constitución directamente.

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