Apuntes de Derecho Internacional: ¿Qué es un tratado?

Los tratados son una de las fuentes primarias del derecho internacional y constituyen la manera más frecuente de crearlo. Similar a los contratos, los tratados – o convenciones como comúnmente son llamados – establecen derechos y obligaciones entre aquellos que los suscriben que son legalmente exigibles. La diferencia estriba en que los primeros son entre personas, mientras que los segundos son entre Estados. Por otra parte, el derecho de los tratados establece reglas sobre la creación e interpretación de los tratados, su observancia, modificación y terminación. Es en efecto el equivalente al derecho contractual en el ámbito doméstico. La Convención de Viena sobre los Tratados (en adelante, la Convención de Viena), la cual entró en vigor en 1980, es la fuente primaria del derecho de los tratados.

En su art. 2, la Convención de Viena define tratado como “un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular”.[1] Tenemos, pues, que los requisitos de un tratado son: (1) que tiene que constar por escrito, (2) ser entre Estados y (3) ser regido por el derecho internacional. Se presume que un acuerdo entre dos o más Estados es un tratado regido por el derecho internacional, pero esta presunción puede ser rebatida mediante evidencia de que algún derecho doméstico controla el acuerdo.

La regla general es que la Convención de Viena solamente aplica a acuerdos que cumplen con los requisitos previamente enumerados. No obstante, algunos instrumentos internacionales que no concuerdan exactamente con la definición de la Convención de Viena son generalmente reconocidos como tratados, y por extensión, son sujetos a sus normas. Esto surge del mismo texto de la Convención de Viena, que en su art. 3 aclara que el que un acuerdo internacional no satisfaga los requisitos de su definición no da margen a que se afecte: (1) su valor jurídico; (2) la aplicabilidad de cualquiera de las normas de la Convención de Viena en virtud del derecho internacional general; o (3) la aplicabilidad de la misma Convención de Viena a las relaciones entre Estados en virtud de acuerdos internacionales que incluyen como partes que no son Estados.[2] Esto permite que algunos acuerdos suscritos por entidades que no son Estados – como por ejemplo, Organizaciones No-Gubernamentales (ONGs) internacionales o entidades supranacionales como la Unión Europea – también sean considerados tratados y puedan regirse por las mismas normas de la Convención de Viena. Esto es esencial, ya que la participación de tales entidades en acuerdos internacionales es cada vez más común.

Todo Estado tiene capacidad para celebrar un tratado. Lo esencial para que un Estado se obligue legalmente entonces es que haya una persona que lo pueda representar. Según el art. 7 de la Convención de Viena, esta capacidad de representación se puede demostrar mediante la acreditación de que posee plenos poderes o en virtud de sus funciones como, por ejemplo, Jefe de Estado o Ministro de Relaciones Exteriores del Estado en cuestión.[3] Un tratado puede ser bilateral o multilateral. Los tratados bilaterales son entre dos partes contratantes, mientras los tratados multilaterales envuelven tres o más partes contratantes. Un buen ejemplo del segundo tipo es la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que al día de hoy 195 Estados han ratificado.[4] El que sea una convención “marco” significa que esta debe enmendarse o desarrollarse con el tiempo en función de acuerdos posteriores entre las partes. Es esta calidad la que permitió que en 1997 los Estados-miembros de la Convención marco aprobaran el conocido Protocolo de Kyoto.

La aprobación es el acto formal mediante el cual un Estado declara que acepta la forma y el contenido de un tratado negociado. Un tratado no puede obligar a un Estado hasta tanto este de su consentimiento. Este consentimiento final, que el art. 2 de la Convención de Viena denomina como “ratificación”, “aceptación” “aprobación” o “adhesión”, se puede dar de varias maneras, entre ellas: la firma de los representantes de los Estados, el intercambio de instrumentos que constituyan un tratado de ratificación, o mediante cualquier otro método acordado por partes. De ese momento en adelante el Estado está obligado a acatar los términos del tratado. Por otro lado, un tratado entra en vigor, o sea cobra fuerza de ley, una vez se cumple el requisito o los términos que el mismo tratado establece para ello. Por ejemplo, en los tratados multilaterales es común que se incluya una cláusula disponiendo que el tratado no entrará en vigor hasta tanto un cierto número de Estados haya firmado y/o ratificado el instrumento. Por ejemplo, el art. XIII de la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio dispuso que ese tratado entraría en vigor 90 días después de que se depositara el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, lo que ocurrió el 12 de enero de 1951.[5]

Los tratados también pueden incluir lo que se llaman “reservas”. Una reserva es definida como una declaración unilateral, hecha por un Estado cuando firma, ratifica, accede, acepta o aprueba un tratado, en donde afirma que quedará excluido del efecto legal de alguna provisión o cláusula del tratado. El art. 19 de la Convención de Viena permite que los Estados hagan reservas en los tratados multilaterales, a menos que (1) el tratado expresa o implícitamente lo prohíba, o (2) si la reserva resulta ser incompatible con el objetivo y propósito del tratado.[6]

Todas las partes en un tratado tienen la obligación de cumplir sus obligaciones de buena fe. El art. 26 de la Convención recoge esta obligación a través del reconocimiento del principio angular del derecho de los tratados: pacta sunt servanda. De acuerdo a este principio, cada tratado es vinculante entre las partes y debe ser ejecutado de buena fe.[7] Esto a su vez significa que un Estado no puede invocar su derecho doméstico como excusa o justificación para incumplir con una obligación que aceptó mediante un tratado.

Los términos de un tratado pueden ser alterados mediante acuerdo entre las partes. En este sentido, los arts. 40 y 41 de la Convención de Viena distinguen entre “enmiendas” y “modificaciones”: mientras que las primeras formalmente alteran los términos con respecto a todas las partes de un tratado multilateral, las segundas alteran el acuerdo entre algunas de las partes solamente.

Por último, el art. 42 de la Convención de Viena dispone que la validez de un tratado o del consentimiento de un Estado en obligarse solo puede ser impugnada por vía de la aplicación de la misma Convención. Por un lado, los tratados pueden ser terminados o suspendidos por acuerdo entre las partes, si el tratado así lo dispone, o si su fin fue realizado.[8] Por el otro lado, la Convención provee algunas causas de nulidad entre ellas, (1) error, (2) dolo o conducta fraudulenta, (3) corrupción del representante de un Estado (4) coerción sobre el representante del Estado o sobre el Estado mismo por la amenaza o uso de la fuerza y (5) conflicto temporero con una norma imperativa del derecho internacional, o norma jus cogens.[9] Estas causas generalmente anulan la totalidad del tratado, pero el art. 44 de la Convención de Viena permite la separabilidad de las provisiones, lo que significa que la invalidación de una provisión no siempre afectará la validez del resto del tratado. Ahora, si una de las partes continúa en el tratado, sabiendo que existe base para su invalidación, estará prohibido de invocar luego tal razón de invalidación.

Preparado por: Adriana Huertas

[1] Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 23 de mayo de 1969 (entró en vigor 27 de enero de 1980), 1155 U.N.T.S. 331.

[2]Id.

[3] Id.

[4]La Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, 9 de mayo de 1992 (entró en vigor 21 de marzo de 1994)1771 U.N.T.S. 30822.

[5] Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio, 9 de diciembre de 1948 (entró en vigor 12 de enero de 1951), 78 U.N.T.S. 277.

[6] Supra, nota 1.

[7] Id.

[8]Id. en art. 54.

[9]Id. en arts. 48-53.

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