Una Sentencia que Desnacionaliza Masivamente

Paola C. Pelletier Quiñones  

 

El pasado 26 de septiembre, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana publicó una histórica Sentencia sobre Nacionalidad, la cual contó con 11 votos a favor y 2 votos disidentes, ejecutoria a partir de 10 días desde su notificación. El fallo es final y definitivo, al ser dictado por el más alto tribunal de justicia en materia Constitucional, con efecto general (erga omnes) en el país.[1]

Establece que los hijos de personas indocumentadas nacidos en el país no son dominicanos sino extranjeros, conforme al artículo 18.3 de la Constitución vigente de 2010,[2]  quienes se encuentran en “tránsito”; es decir que define como en “tránsito” a generaciones de personas que han vivido en el país de forma indocumentada. Por tanto, la Sentencia ratifica el criterio de la Suprema Corte de Justicia (que antes de la Constitución de 2010 era el Tribunal de Garantías Constitucionales) en una Sentencia dictada el 14 de diciembre de 2005.[3]

La Constitución dominicana reconoce los tratados internacionales en materia de derechos humanos con jerarquía constitucional,[4] y reconoce el principio de favorabilidad a la persona.[5] No obstante, la Sentencia, al referirse al Caso de las Niñas Yean y Bosico v. República Dominicana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), la contradice expresamente, obviando la aplicación de esta decisión internacional en derecho interno. En dicha sentencia, la CorteIDH indicó que la “ilegalidad no se transmite de padres a hijos” y que “tránsito” no es un concepto para definir personas que han nacido en territorio dominicano a quienes les corresponde la nacionalidad dominicana, y que de otra forma devendrían en apátridas.[6]

La accionante es dominicana de origen haitiano, quien portaba acta de nacimiento dominicana y no podía obtener su cédula de identidad y electoral, el documento de identificación, a causa de medidas administrativas en el 2007 (circulares y resoluciones) dictadas por el organismo del Estado que supervisa y custodia el Registro Civil, la Junta Central Electoral. Las medidas, instadas ahora por la Corte, disponen la suspensión de la entrega de duplicados de actas de nacimiento que presenten “irregularidades” bajo investigación y sin tiempo alguno indicado. En la práctica, la gran mayoría de afectados son miles de dominicanos de origen haitiano, cuyos padres declararon a sus hijos en el registro civil durante la zafra de la caña de azúcar con “fichas” años atrás y no mediante la cédula de identidad y electoral.[7]

En la República Dominicana, conforme a la Ley de Registro Civil No. 659 de 1944, es necesario los duplicados de actas de nacimiento para cada acto de la vida civil: tomar las pruebas nacionales escolares, registrarse en escuela y estudios superiores, obtener identificación (cédula de identidad y electoral), pasaporte. Sin la cédula de identidad y electoral no es posible ejercer el voto y ser elegido, tener licencia de conducir, trabajar, adquirir seguro social, realizar transacciones bancarias y patrimoniales, declarar a los hijos, contraer matrimonio, etc. El efecto de las medidas de 2007 de la Junta Central Electoral de manera indefinida, que incluso son de aplicación retroactiva, de suspensión de entrega de actas de nacimiento y no entrega de cédulas de identidad y electoral, o cancelación de las cédulas de identidad y electoral a los que tenían, implica una apátrida de facto; lo que quiere decir, personas muertas civilmente.

La Sentencia ordena la entrega del acta de nacimiento de la accionante (quien es dominicana de origen haitiano y portadora de acta de nacimiento dominicana) por la Junta Central Electoral; no obstante, al mismo tiempo ordena a esta entidad apoderar al tribunal competente para decidir la validez o nulidad de su acta. Esto es contradictorio pues si la misma Sentencia del Tribunal Constitucional establece que la accionante es extranjera, los tribunales inferiores competentes, en principio, podrían seguir el criterio del máximo tribunal, a pesar de la independencia de criterio de los jueces.

Un aspecto preocupante es que expresamente ordena que la decisión no solo tenga efectos para la accionante, sino también para todas las personas en igual situación. Esto les aplica a pesar de no haber sido partes del caso, lo cual violenta el principio de relatividad del efecto de las Sentencias y el principio de favorabilidad antes indicado. Contradictoriamente, a pesar de ordenar la entrega de su acta de nacimiento, la Sentencia asume a la accionante como extranjera, ordenando a la Dirección General de Migración entregarle un “permiso especial de estadía temporal”.

La Sentencia no solo violenta el principio de no retroactividad de las normas y el debido proceso de ley, al considerar a la accionante como extranjera hija de padres indocumentados, interpretando la Constitución dominicana de 1966 vigente al momento de su nacimiento (1984), sino que también valida las medidas administrativas de suspensión de entrega de documentos del 2007 aplicadas de forma retroactiva y arbitraria por la Junta Central Electoral.

Otro punto, uno de los más graves de la Sentencia, es que otorga mayor poder a la Junta Central Electoral y ratifica la práctica ilegal que antes del fallo realizaba. La misma ordena a la Junta Central Electoral a realizar un examen o “limpieza” del registro civil dominicano, sacando del registro civil dominicano de manera administrativa y unilateral desde 1929 (85 años atrás) los hijos de extranjeros que “considere” irregulares, inscribirlos en un libro de extranjería (que solo indica la nacionalidad de los padres de la persona), y someterlos en un plan de regularización migratoria que aún no existe. Además, dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores notifique a las embajadas y consulados correspondientes, como si tuviera el poder de decisión de nacionalidad. Esto afecta a la seguridad jurídica que garantiza el principio de no retroactividad de la ley de transacciones comerciales y económicas, patrimonio, herencia, elecciones de representantes políticos, filiación, nacionalidad de hijos de migrantes…antes de la Sentencia.

La decisión podría afectar a dominicanos hijos de inmigrantes de todas las nacionalidades; en especial, a los más vulnerables: dominicanos/as de ascendencia Haitiana, lo cual es una cuestión de especial preocupación, debido al contexto de discriminación y exclusión de esta población histórica. La Sentencia deja apátridas a los afectados, al desnacionalizar masivamente a miles registrados en el registro civil de buena fe, como la accionante de esta Sentencia. El fallo crea confusiones e incertidumbre, y causa un fuerte daño psicológico a los afectados que no pueden desarrollar su proyecto de vida. Se trata de una situación sistemática, con características únicas en la región, particular de la República Dominicana.

Sobre el Derecho a la Nacionalidad de dominicanos de origen haitiano se han realizado audiencias temáticas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ComisiónIDH) en 2011 y 2013. Los días 8 y 9 de octubre la Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció del caso Benito Tide Méndez y otros vs. República Dominicana,[8] sobre deportaciones colectivas entre 1994 y 2000, donde precisamente se discute la Nacionalidad a causa de deportaciones de dominicanos/as.[9]

Nacional e internacionalmente la Sentencia ha sido objeto de rechazo. Las Naciones Unidas, incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresaron su preocupación por los efectos de la decisión, y el riesgo de apátrida.

Ahora solo quedaría el largo camino del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En junio de 2013 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares en beneficio de un grupo de afectados por las medidas del 2007 del Estado, incluyendo a la accionante de la Sentencia, y las mismas no fueron cumplidas. Quiere decir que en el escenario actual queda la duda de la efectividad de medidas cautelares de la ComisiónIDH a favor de aquéllos que han agotado recursos internos y eventuales medidas provisionales ante la CorteIDH. Queda igualmente la interrogante de que el Tribunal Constitucional cambie de criterio a través de su jurisprudencia en otros casos similares de los cuales se encuentra apoderado.

Mientras tanto sigue la lucha de los afectados, dando a conocer su situación nacional e internacionalmente, la necesidad de la cooperación y diálogo internacional, diferentes mecanismos de incidencia política, y vencer un obstáculo político-histórico de años: la discriminación a dominicanos de origen haitiano.


[1] Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia No. 168/13 del 23 de septiembre de 2013, publicada el 26 de septiembre de 2013. Expediente núm. TC-05-2012-0077, (relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, contra la Sentencia núm. 473/2012 dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, en fecha diez (10) de julio de dos mil doce (2012)). Véase http://tribunalconstitucional.gob.do/node/1764 (última visita 24 de octubre de 2013).

[2] “Artículo 18.- Nacionalidad. Son dominicanas y dominicanos: […] 3) Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas,” C.R.D., G.O. n. 10561, 26 de enero de 2010, art. 18 (República Dominicana). Antes de la Constitución de 2010 nunca Constitucionalmente se había incluido como excepción al derecho a la nacionalidad dominicana: “o residan ilegalmente en territorio dominicano”. Sin embargo el artículo 18, numeral 2) de la Constitución de 2010 indica que son Dominicanos: “Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de  esta Constitución”; por lo que conforme a la Constitución dominicana son dominicanos los que tienen tal calidad hasta el 26 de enero de 2010, lo cual la Sentencia del Tribunal Constitucional no consideró.

[3] Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, Sentencia No. 9 del 14 de diciembre de 2005, B. J. No. 1141. Declaratoria conforme a la Constitución de los artículos 28, 36, 49, 56, 58, 62, 100, 101, 103, 138 y 139 de la Ley General de Migración No. 285-04, del 27 de agosto de 2004.  págs. 77-91. En línea: [http://www.suprema.gov.do/sentscj/sentencia.asp?B1=VR&llave=114110009]

[4] C.R.D., G.O. n. 10561, 26 de enero de 2010, art. 26, numerales 1-4 (República Dominicana).

[5] Id. Art. 74.4.

[6] Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, Sentencia de 8 de septiembre de 2005, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 130, párs. 156-158.

[7] Id. en párrs. 109.1-109.4.

[8] Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tide Méndez Vs. República Dominicana. 08 y 09 octubre de 2013, Galería Multimedia 48 Período Extraordinario de Sesiones,http://vimeo.com/album/2561642 (última visita 23 de oct. de 2013).

[9] Véase Comisión Interamericana de Derechos Humanos, INFORME Nº 68/05 PETICIÓN 12.271 ADMISIBILIDAD BENITO TIDE MÉNDEZ, ANTONIO SENSIÓN, ANDREA ALEZI, JANTY FILS-AIME, WILLIAM MEDINA FERRERAS, RAFAELITO PÉREZ CHARLES, BERSON GELIM Y OTROS REPÚBLICA DOMINICANA, (13 de oct. de 2013)http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/RepDominicana12271sp.htm (última visita 23 de oct. de 2013) (resumiendo las alegaciones de las partes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

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Un pensamiento en “Una Sentencia que Desnacionaliza Masivamente

  1. Hola, que tal. Despues de leer una parte de dicha sentencia la cual muy controvertida, tengo el bien de exponerme como ejemplo… actualmente me considero extrajero porque vivo en españa, en el caso que yo estubiese indocumentado y contragera una criatura con otra persona en igual situacion de irregularidad. El nacido solo quedaria registrado como Hijo de inmigrante en situacion irregular, pero si uno de Los padres estuviera regularizado, [legalmente establecido] automaticamente. La criatura obtuviera la Nacionalidad española, siendo Hijo de extranjero, y el padre / Madre que esta de manera irregular.
    Ya adquiere el documento legal que le otorga la constitucion por ser padre o Madre de esa criatura. Entonces me gustaria los mismo derechos a otros extranjeros que recidan en mi pais. Atte. R.G. M.

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