El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Asamblea de Estatus

Iván Rivera Reyes

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha establecido la supremacía del “derecho a la autodeterminación de los pueblos”. El mismo ostenta varias dimensiones. En este artículo, a la luz del antes mencionado derecho analizaremos el potencial que representa la propuesta “Asamblea de Estatus” para atender ese histórico asunto ubicado desde la perspectiva de los derechos humanos como disciplina internacional. El problema del estatus de Puerto Rico se sustenta esencialmente en dos factores: el fraccionalismo interno entre las fuerzas políticas del país y la indiferencia de la metrópoli al respecto. Bajo la insignia de los derechos humanos como disciplina dentro de los estudios internacionales, muy bien nuestro país podría tener la oportunidad de contrarrestar dichas variables adversas. Proveyendo de una parte algún tipo de consenso superpuesto a nivel local. Por otra parte, generando opinión pública internacional que obligue a los principales actores políticos de la federación estadounidense a prestar atención a nuestra situación política.

La génesis de los derechos humanos, como son entendidos al día de hoy, se remonta a los pactos constitutivos de la era política moderna y contemporánea. La necesidad de limitar los poderes que los Estados habían manifestado en la época de las monarquías absolutistas, llevó a los seres humanos a plantear la necesidad de establecer unos principios rectores en la nueva organización de la distribución del poder. De ahí que la primera etapa del desarrollo histórico del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es la de la limitación del poder de los estados.

Para las corrientes de pensamiento ius naturalista “los derechos humanos son la consecuencia normal de que el orden jurídico tenga su arraigo esencial en la naturaleza humana”.[1] Por otra parte, para aquellos que no se adhieren a las escuelas naturalistas, las mismas; “no han sido más que algunos de los estímulos ideológicos para un proceso histórico cuyo origen y desarrollo dialéctico no se agota en las ideologías, aunque las abarca”.[2]

Con la idea del pacto constitutivo del Estado, que origina el constitucionalismo moderno y contemporáneo, se construye una estructura política sobre la base de la expresión y articulación sistemática de voluntad general revindicada por la soberanía popular. Los dos ejemplos paradigmáticos de ese proceso lo son la Revolución Francesa y la Revolución de las Trece Colonias norteamericanas. Ambas son una consecuencia de esa concepción de derechos subjetivos. Poniendo como ejemplo el proceso norteamericano, Nikken hace referencia a la Declaración de Independencia de las Trece Colonias el 4 de julio de 1776:

[A]firma que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido dotados por el creador de ciertos derechos innatos, que entre esos derechos debe colocarse en primer lugar la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar el goce de esos derechos han establecido entre ellos gobiernos cuya autoridad emana del consentimiento de los gobernados[3].

Más adelante, el citado autor expresa que “[e]n el mismo sentido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, reconoce que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos y que las distinciones sociales no pueden estar fundadas sino en la utilidad común”.[4]

No obstante, el posterior desarrollo de la historia de la humanidad obligó a replantearse la observancia de los derechos humanos más allá del tutelaje constitucional intra-estatal. No se podía dejar únicamente en manos de las mayorías ni de los sistemas de gobierno jerárquico la manera de proteger esos derechos básicos respecto de los cuales se entendía que toda sociedad mínimamente decente tenía que defender como elemento fundamental para la consecución de la justicia. Al respecto Rawls, haciendo alusión a la función de los derechos humanos en el derecho de gentes nos señala:

Los derechos humanos constituyen una clase de derechos que tiene un papel especial en un razonable derecho de gentes: restringen las justificaciones para librar la guerra y regulan su condición, y establecen los límites a la autonomía interna del régimen[5].

En un análisis sobre la apreciación de Rawls respecto a como se han planteados los derechos humanos dentro de la realidad diversificada de las sociedades modernas, Roberto Gargarella acuña el concepto de consenso superpuesto para definir la misma:

El consenso superpuesto que Rawls defiende, aparece como una expresión de lo que se denomina la razón pública que resulta especialmente importante, para el nuevo Rawls, en la explicación de cómo puede ser posible afirmar una constitución justa y estable dentro de una sociedad pluralista.[6]

La Primera y Segunda Guerra Mundial obligaron a crear un sistema de derechos humanos a nivel internacional, que aunque partiendo de la concepción estatalista de los mismos sentó las bases para el paulatino desarrollo de dicho sistema hasta evolucionar a lo que entendemos hoy como el esquema internacional de protección de los derechos humanos. Tras la Primera Guerra Mundial se comienza una tendencia, aunque algo solapada, de protección a las minorías[7], a los refugiados y a los trabajadores[8] entre otros grupos e individuos.

Las atrocidades que tuvo que vivir el mundo en la Segunda Guerra Mundial eran tratadas de justificar desde la perspectiva de la legalidad interna del Estado. Surgió entonces del debate ¿de hasta dónde podía llegar la soberanía del Estado Nación moderno con respecto a los que habitaban su territorio? ¿Basta con que la mayoría se ponga de acuerdo en diligenciar alguna provisión legislativa, para que se tenga que aceptar su imposición a todos los que viven en el territorio sobre el cual se ejerce la soberanía estatal? ¿Es ilimitado el poder consentido por el grupo dominante o mayoritario al Estado? ¿Basta con que una idea, que aunque vaya en contra de los principios mínimos de defensa de los derechos humanos, aparezca como parte de la Constitución de un Estado para que éste la ejerza?

El firme propósito de la Comunidad Internacional de tratar de evitar que se repitiesen los actos a los que fue sometida una importante porción de la población durante la Segunda Guerra, llevó a re enfocar el Derecho Internacional bajo los límites que imponen las bases teóricas, filosóficas y morales de la doctrina de los Derechos Humanos. Ante ello, se asumió la tarea de crear un sistema que protegiera a los individuos del exceso en el ejercicio del poder por parte de los gobernantes. Parecía claro, que no era posible dejar entregado a la soberanía de cada Estado el destino de los individuos. De ahí en adelante, casi todos los acuerdos o dinámicas jurídicas internacionales, suelen estar antecedidas por algún tipo de referencia a la importancia de los derechos humanos para el justo desarrollo de los mismos. En síntesis, “el Derecho Internacional de los Derechos Humanos propiamente tal, comenzó a desarrollarse como parte de este esfuerzo por establecer un nuevo orden internacional”.[9]

En la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a pesar de que era evidente la resistencia a la inclusión del tema de los derechos humanos por parte de las potencias dominantes en la Segunda Guerra Mundial,[10] los firmantes de la Carta de la ONU incluyeron la defensa de dichos derechos en la misma. El artículo 1.3 de la Carta,[11] donde se señalan los propósitos y principios de la Organización, establece:

Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión[12].

Los países firmantes pospusieron la atención específica y detallada del tema hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos[13].

El sentido de comunidad que ha matizado el desarrollo del derecho internacional después de la Segunda Guerra y la creación de la ONU, ha llevado a sus nuevos actores a ir evolucionando en el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. De ahí que el proceso evolutivo continuó más allá de la Declaración Universal de Derechos y Deberes del Hombre.[14] Posteriormente fueron aprobados y ratificados por la mayoría de los países miembros, una serie de acuerdos vinculantes para éstos, liderados por la Comisión Internacional de Derechos Humanos.[15]

El Derecho Internacional clásico tuvo que enfrentar los retos que le lanzaron tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. De ahí en adelante, los derechos humanos vinieron a transformar las concepciones tradicionales de la forma en que se regulaban los derechos y deberes de los sujetos de derecho a nivel internacional, dando paso a la realidad del Derecho Internacional Contemporáneo. Al respecto Piza Escalante señala:

[E]l Derecho Internacional Contemporáneo, al impulso, sobre todo, del Derecho de los Derechos Humanos, ha venido a significar toda una revolución, tanto cuantitativa como cualitativa, respecto del clásico o tradicional, afirmándose progresivamente, frente a éste, como un auténtico orden jurídico autónomo, emanado cada vez menos de la voluntad subjetiva de los Estados soberanos, y cada vez más de la necesidad objetiva de una auténtica “comunidad internacional” superior a la simple suma de las partes.[16]

En esa relación entre el Derecho Internacional Contemporáneo y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Piza Escalante indica:

Existe una influencia de los derechos humanos en la complejidad del derecho internacional contemporáneo, surgiendo el primero cada vez de forma más autónoma con principios y criterios propios no reconductibles ni al derecho interno ni al internacional, sino mas bien como una especie de derecho transnacional a orcajada de ambos en una especie de relación simbiótica en que cada uno penetra en el otro, lo condiciona y lo transforma.[17]

El Derecho Internacional Clásico se basaba en el dogma de la soberanía e independencia de los Estados. De ahí, que se cuestionara si efectivamente el Derecho Internacional era Derecho. El matiz principal era la horizontalidad de soberanía en unas esferas de dominio con el principio de reciprocidad como núcleo del sistema normativo y de regulación de intereses. En esa concepción del Derecho Internacional, las Constituciones Internas de los Estados regulaban el proceder internacional.[18] Aunque es importante destacar que en la actualidad continúa el debate de las teorías monistas y dualistas defendidas por distintos grupos en diferentes Estados, lo cierto es que a la hora de hablar de derechos humanos el alto grado de dificultad para justificar la negación de éstos ha sido un límite para los defensores de la teoría dualista. En cuanto a como debe apreciarse la realidad del Derecho Internacional en la actualidad, comparándolo con la vieja teoría del equilibrio europeo, Piza Escalante indica:

Nada de esto puede predicarse seriamente del Derecho Internacional Contemporáneo, aunque a veces en sus instrumentos nuevos todavía se cuelen algunas expresiones, y hasta parezca que persistan, como por inercia, algunas viejas instituciones y principios, como la aun definición formal del llamado principio de no intervención en la Carta de las Naciones Unidas.[19]

Sin embargo, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las premisas de las que se parte lo son, la desigualdad de las partes, la limitación de la soberanía de los Estados y la visión de un sistema de poder vertical. Además, el objetivo de este derecho es establecer un código de conducta para los Estados parte, distinto al objetivo del Derecho Internacional clásico que lo era la regulación de los particulares intereses de cada Estado partiendo del principio de reciprocidad.

El surgimiento del individuo y la Comunidad Internacional como nuevos actores en el Derecho Internacional, viene a ser una importante innovación en el concepto tradicional que solo visualizaba y le brindaba legitimidad a los Estados. De ahora en adelante las normas ius cogens y erga ormes resultantes de la definición y establecimiento de un catálogo cada vez más amplio de derechos humanos abonan al surgimiento de nuevas legitimaciones. En la actualidad los individuos pueden acudir directamente contra un Estado ante varios organismos internacionales sin la necesidad de que otro Estado intervenga por ellos.[20]

En resumen, los derechos humanos han venido de forma integral a transformar las viejas concepciones del Derecho Internacional. Ya la soberanía de los Estados, así como el principio de reciprocidad, no son las únicas bases de la regulación internacional. Indistintamente de que sea por conveniencia política o por firme convicción de la existencia de esos principios y valores, los tradicionales actores del Derecho Internacional Clásico, los Estados, han tenido que re enfocar sus perspectivas y dar paso a nuevos sujetos de Derecho Internacional. De igual manera, se ven en la obligación de considerar nuevas bases fundacionales del Derecho. Por ende, teniendo en cuenta que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos parte desde la desigualdad de sus sujetos de derecho, su consigna viene a ser la punta de lanza de los más débiles y oprimidos en la reivindicación de sus luchas.

Respecto al tema específico del derecho a la autodeterminación de los pueblos, es sin lugar a dudas uno de los ejemplos más utilizado de los principios generales como fuente del Derecho Internacional Público. El mismo ha sido reconocido en varias resoluciones de la Asamblea General de la ONU en distintas épocas. Las Resoluciones 1514 (XV)[21], 1541 (XV)[22] y 2625 (XXV),[23] hacen alusión directa al mismo. Aunque cada una de estas resoluciones realizan un acercamiento particular al asunto, desde las particulares perspectivas de sus proponentes, una cosa es clara; a nadie le cabe duda de que el derecho a la autodeterminación de los pueblos es al día de hoy un principio general del derecho.

El asunto de los derechos humanos y el de la autodeterminación propiamente, fue pospuesto por la Comunidad Internacional para luego de aprobada la Carta de la ONU. Mientras que por otra parte de forma cuasi paralela se promulgaban distintas resoluciones entre la Asamblea General de la ONU (AG) y el Consejo Económico y Social (ECOSOC) con miras a delinear una política internacional clara sobre derechos humanos, incluido en la misma el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Las voces que reivindicaban el mismo y el sentimiento anticolonialista que predominaba en la entonces naciente comunidad internacional retumbaban en la conciencia de las potencias dominantes de la época.

Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos[24] abren una puerta para la discusión del problema político de Puerto Rico. Por un lado, establecen la posibilidad de crear lazos de solidaridad internos y externos bajo la rúbrica del tema de los derechos humanos. De esa manera, la discusión sobre el derecho a la autodeterminación puertorriqueña adquiriría una dimensión de mayor trascendencia que la trivial discusión política partidista interna. Por otra parte, se puede vislumbrar como una luz al final del camino. Eso, dado el hecho, de que para Puerto Rico como pueblo o como nación no miembro oficial de la actual Comunidad Internacional se ven sumamente limitadas sus opciones en el ámbito del Derecho Internacional convencional. Además, para aquellos que entienden que el asunto es uno de carácter puramente interno de EEUU, también abre una puerta de reivindicación para sus reclamos. Esto debido a que la preservación y respeto de los derechos humanos es una obligación de todo país o sociedad que se considere decente y pretenda ser respetada como tal ante la opinión pública internacional. Tanto para unos, como para otros, la autodeterminación vista como derecho humano fundamental puede ser un punto de encuentro y unión de voluntades independientemente de cuál o cuáles sean sus preferencias respecto a formulas o alternativas de estatus particulares.

De hecho, el desarrollo histórico del discurso estadounidense sobre los derechos humanos y específicamente el del derecho a la autodeterminación de los pueblos, demuestra que el mismo es uno de alta resonancia para los norteamericanos, aunque sea solamente por aparentarse como sociedad mínimamente decente. Por ejemplo, para Guimón, la concepción moderna de autodeterminación es un producto inicial del presidente estadounidense Woodrow Wilson.[25] Éste propugnaba dicho derecho como una alternativa para las nuevas agrupaciones que surgían tras la Primera Guerra Mundial. Posteriormente el presidente Franklin D. Roosevelt firmó junto con el Ministro Churchill La Carta del Atlántico.[26] Ese documento “elaborado por el subsecretario de Estado Summer Welles y Harry Hopkins por los Estados Unidos, además de Alexander Cadogan en representación de Gran Bretaña”,[27] declaraba como principios el rechazo a la anexión de país alguno sin su consentimiento y el derecho de todos los pueblos a elegir su forma de gobierno.[28] En la discusión interna del Comité Económico y Social de la ONU ante la encomienda de la Asamblea General para que se elaborara un pacto de derechos humanos, el Diputado y Sub-Secretario de Estado de EEUU, J.F. Murphy, el 12 de noviembre de 1955 defendió una “visión de la autodeterminación como de alcance universal”.[29]

En el año 1966, EEUU había votado a favor de la Resolución de la Asamblea General que aprobaba los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.[30] En 1972, el presidente Richard Nixon declaró como política mayor que la autodeterminación sería el concepto central que gobernaría las relaciones entre el gobierno de EEUU y las tribus indígenas.[31] A partir de entonces, con la aprobación del Indian Self-Determination and Educational Assistance Act de 1975[32] prosiguió lo que se vino a conocer como la era de la autodeterminación en EEUU.[33] Similar postura adoptó el presidente Ronald Reagan en la década del ochenta.[34]

Tras la celebración de vistas públicas el 21 de noviembre de 1991, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU aprobó unánimemente con votación de diecinueve a cero, la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[35] La resolución de ratificación aprobada indica que “la Convención[36] no requiere de acción inconsistente con la Constitución de los Estados Unidos”.[37] En el Tíulo V del reporte de ratificación se señala, entre las mayores provisiones de la Convención, “el derecho a la autodeterminación junto con los derechos a la no discriminación, a la vida, libertad”, seguridad de las personas, juicio justo, libertad de conciencia, entre otros.[38] De esa manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[39] entró en vigor en EEUU el día 8 de septiembre de 1992 tras su consentimiento el día 2 de abril del mismo año.[40]

La realidad es que indistintamente de cuál sea la percepción respecto a la situación política actual de Puerto Rico y la visión que se tenga en cuanto a la misma, en el ámbito interno existe una obligación por parte de EEUU ante su deber de observancia de los derechos humanos de respetar el derecho a la autodeterminación de los puertorriqueños al momento de un ejercicio afirmativo del mismo. Dicho compromiso es uno de carácter inalienable elevado a rango jurídico junto con las demás leyes de dicho país y compatible con su Constitución. Por lo tanto, ya sea en la dimensión interna[41] o externa del derecho a la autodeterminación, el mismo es reivindicable para los puertorriqueños. De hecho, existe una tradición de expresión pública de EEUU referente a que se respetaría la reivindicación de ese derecho si los puertorriqueños así lo ejercieran.[42]

Ahora bien, ¿por qué una “Asamblea de Estatus” sería mejor instrumento de reivindicación del derecho a la autodeterminación puertorriqueña que los plebiscitos a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos? En primer lugar, porque los plebiscitos o sus propuestas no han producido resultados y en segundo lugar, porque la indiferencia de la metrópoli continúa. La carrera por parte de los partidos políticos puertorriqueños para la presentación de cualquier tipo de medida en busca de la celebración de consultas plebiscitarias, se ha convertido para estos, en algo así como la maldición gitana, que si corres te duele y si paras te mueres. La carrera se ha incrementado en la última década y media, pero ya desde culminado el ejercicio de la década del cincuenta esa ha sido la dinámica.[43]

En síntesis, se puede indicar que la experiencia nos demuestra que la carrera por los plebiscitos no ha brindado resultados concretos para atender el problema político y económico de Puerto Rico. Más aún, con razonable certeza se puede descartar que los producirá en el futuro. Existen dos razones principales para pensar de esa manera: el constante sabotaje partidista al que se someten los intentos en dicha dirección y el problema de la auto ejecutabilidad y pluralidad, en lugar de mayoría y consenso que los plebiscitos propugnan. De hecho, el denominado elemento de auto-ejecutabilidad de los mismos, es la mayor contradicción al principio de autodeterminación que propongo, visto este, como un reclamo de derechos humanos. Los plebiscitos criollos solo han servido para que EEUU utilice las cifras de sus resultados como muestra de que está cumpliendo con su deber de promover el derecho a la autodeterminación, obligación adquirida mediante su adhesión al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.[44]

Por su parte, la convocatoria en Asamblea realizada por un pueblo compuesto por seres humanos con derechos inalienables a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es el acto de afirmación de la soberanía popular del mismo. Desde ahí se parte a la conformación sobre la distribución territorial del poder (estatus) producto de la deliberación interna sin injerencias ni presiones externas. No se puede perder de perspectiva que incluso la solicitud de integración formal a la federación estadounidense (estadidad) debe ser producto de la afirmación de la soberanía del pueblo que la solicita. Como indica el Profesor Guimón; “[l]a soberanía es la quintaesencia residual de la primitiva concepción de la propiedad de un territorio, es un nivel más alto que la nuda propiedad”.[45]

Dicha Asamblea propiciaría que los puertorriqueños ejerzamos por primera vez nuestro derecho a la autodeterminación. Eso considerando que lo ocurrido en Puerto Rico hace seis décadas atrás, fue una subrogación del poder constituyente de los puertorriqueños por parte del Congreso de EEUU. Todo poder, toda autoridad sobre los hombres debe basarse en el consentimiento de las personas afectadas”.[46] Y eso es la soberanía popular. Sobre la relación entre soberanía y autodeterminación Guimón señala que “[c]uando esa autoridad se atribuye idealmente al conjunto de sus miembros, es decir, cuando se instituye el gobierno del todo sobre el todo lo que se ejercita es la soberanía popular, sin injerencias ajenas, o autodeterminación”.[47]

En conclusión, una adecuada convocatoria para que nuestro pueblo se reúna en Asamblea como medio idóneo de afirmación de su soberanía popular y reivindicación de su derecho inalienable a la autodeterminación, desde el punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con la publicidad internacional correspondiente definitivamente puede terminar con la indiferencia de la metrópoli respecto a nuestro problema político. EEUU se ha obligado bajo dicha disciplina ante sus pares de la Comunidad Internacional y se le haría difícil ignorar planteamientos al respecto. A diferencia de los plebiscitos que inciden en la opinión pública internacional por periodos de tiempo de a penas cuarenta y ocho horas coetáneas al evento electoral, la Asamblea podría tener un impacto en la misma por tiempos prolongados que incidiría directamente en la discusión política interna de EEUU. A nivel local, si vemos el tema más allá de las particulares preferencias de uno u otro sector como uno de “derechos humanos” de todo un pueblo, podríamos crear lazo de solidaridad interna necesarios para la consecución de consensos.


[1] Pedro Nikken, El concepto de los Derechos Humanos, en estudios básicos de Derechos Humanos, 34-48 (1994), disponible en http://www.iidh.ed.cr (última visita, 26 de sept. de 2013).

[2] Id. en la pág. 36.

[3] Id. en la pág. 38. (énfasis suplido)

[4] Id. en la pág. 40.

[5] John Rawls, El derecho de gentes: y una revisión de la idea de razón pública 93 (2001). 93 (2001).  (énfasis suplido)

[6] Roberto Gargarella, Las teorías de la justicia después de Rawls, un breve manual de filosofía policía: John Rawls, Liberalismo político y sus críticos 201 (2001).

[7] El Tratado de Versalles de 10 de enero de 1920 y el Tratado de Trianon de 1920, firmado con Hungría, proveían protección para las minorías de los sectores envueltos en la guerra y a las minorías húngaras más importantes respectivamente.

[8] Un ejemplo de ello es el acuerdo entre los sindicatos, los gobiernos y las organizaciones de empleadores, que en virtud del Tratado de Versalles, dio paso a la creación de la Organización Internacional de los Trabajadores en el 1919.

[9] Dicha síntesis fue presentada como tal, en discusión en clase por el Profesor Claudio Nash durante el curso de Derecho Internacional de los Derechos Humanos del primer semestre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile del año 2007.  Para una referencia general al respecto, véase Claudio Nash & Cecilia Medina: Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Introducción a sus mecanismos de protección (2007).

[10] Hay que tener claro que Estados Unidos tenía las manos llenas con el asunto del discrimen en contra de los afro-americanos y sus posesiones coloniales, Rusia por su parte gobernaba con el puño de acero de Stalin y Europa en general, tras la devastación sufrida en la guerra, tenia mucho interés en mantener su dominio colonial alrededor del mundo, especialmente en la África Sub-Sahariana.

[11] Carta de las Naciones Unidas, Doc. NNUU (24 de oct. de 1945) disponible en http://www.un.org/spanish/aboutun/charter.htm (última visita, 19 de sept. de 2013).

[12]Id. (énfasis suplido)

[13] Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, Res. A/G 217 (III), Doc. NNUU, A/RES/217 (III)  (10 de dic. de 1948).

[14] Id.

[15] Entre dichos acuerdos se encuentran; Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Convención sobre los derechos políticos de la mujer; Convención sobre los Derechos del Niño; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad., disponibles en http://www.un.org (última visita, 19 de sep. de 2013).

[16] Rodolfo E. Piza Escalante, El valor del Derecho y la jurisprudencia internacionales de Derechos Humanos en el Derecho y la justicia internos: el ejemplo de Costa Rica171-72 (1998).

[17] Id. en la pág. 172. .

[18] Aún al día de hoy, es debatible si el Derecho Internacional continua siendo regido por el principio de la soberanía e independencia de los Estados.  Se podría argumentar que eso es así para los países más poderosos y no para los más débiles militar y económicamente hablando.  No obstante, mi posición al respecto es que tanto la opinión pública internacional como la movilidad de los flujos de capital, sin consideraciones esenciales respecto a las fronteras delimitadas, han estado limitando el principio de soberanía e independencia de los Estados.  Aunque en la actualidad, son varios los ejemplos de constituciones internas que preservan indicios de incompatibilidad con las nuevas tendencias acogidas en el Derecho Internacional Contemporáneo, son muchos más los ejemplos de movimientos que logran ocupar espacios importantes en la creación de opinión pública internacional obligando a esos Estados a replantearse la forma de hacer las cosas.  Todo tiende a demostrar que existe una relación proporcionalmente directa entre los avances tecnológicos, en cuanto a comunicaciones e informáticas, y esas tendencias de cambio.

[19] Piza Escalante, supra nota 16, en la pág. 173.

[20] Ejemplos de ello lo son, la Corte Europea de Derechos Humanos, El Consejo Internacional de Derechos Humanos (antes Comité Internacional de Derechos Humanos). Por otro lado, en la actualidad, individuos pueden responder ante La Corte Penal de Justicia en su carácter personal.

[21]Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, Res. AG 1514 (XV), Doc. NNUU A/RES/1514 (XV) (14 de dic. de 1960).

[22] Principios que deben servir de guía a los estados miembros para determinar si existe o no la obligación de transmitir la información que se pide en el inciso E del artículo 73 de la Carta, Res. AG 1541 (XV), Doc. NNUU A/RES/1541(XV) (15 de dic. de 1960).

[23] Declaración sobre los Principios De Derecho Internacional Referente A Las Relaciones De Amistad y a la Cooperación entre los Estados de Conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,  Res. AG 2625 (XXV), Doc. NNUU A/RES/2625 (XXV) (24 de oct. de 1970)

[24] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Res. AG 2200 (XXI), Doc. NNUU A/RES/2200 (XXI) (16 de dic. de 1966). Ambos entraron en vigor el día 3 de enero de 1976.

[25] Julen Guimón, El Derecho a la Autodeterminación: El territorio y sus habitantes 11-12 (1996).

[26] Carta del Atlántico del 14 de agosto del 1941, disponible en http://www.historiasiglo20.org/TEXT/cartaatlantico.htm (última visita, 30 de septiembre.de 2013).

[27] Guimón, supra nota 25, en la pág. 103 (citando a U.S. Department of State, PostWar Foreign Policy Preparation, 1939-1945).

[28] The Atlantic Charter. Review of the UN Charter. Senate Document n. 87th Congress 2a S., agosto de 1941. disponible en  www.nato.int/docu/other/sp/treaty-sp.htm (última visita, 30 de septiembre. del 2013).

[29] Antonio Casses, Self-Determination of Peoples 46 .(citando a The Principle of Self-Determination in Internationals Relations in 33 Dept. St. Bul., 28 de November 1995 at 894).  En la nota al calce núm. 32 citando al delegado de EEUU para el Tercer Comité de la Asamblea General (1972): La libertad de elección es indispensable para el ejercicio del derecho a la autodeterminación.  Para que esa libertad de elección sea significativa debe corresponder a la libertad de pensamiento, conciencia, expresión, movimiento y asociación.  La autodeterminación debería legitimarse con los votos con frecuencia y regularidad”, 50 Dept. St. Bul.1748, 25 December (1972). (énfasis suplido).

Más adelante en la citada nota al calce  señala:

En 1955, el Diputado y Sub. Secretario de Estado Murphy señaló que la esencia del concepto de autodeterminación debería establecerse de la siguiente manera: “los Pueblos y las Naciones deberían tener la libre oportunidad para elegir su propio destino nacional fuera de restricciones, coerción o intimidación.  Por lo tanto la esencia del concepto descansa en la libertad de elección” 33 Dept. St. Bul.; 28 November 1955, at 890.

[30] Res. AG 2200 (XXI), supra nota 24.

[31]Douglas Sanders, Self-Determination and Indigenous Peoples, Modern Law and Self Determination 56 (Christian Tomushchat ed., 1993).

[32] Douglas Sanders, Aboriginal Self Government in the United States, Aboriginal Peoples and Constitutional Reform 69 (1985).

[33] Id.

[34] Véase, Presidente Ronald Reagan, Declaración sobre la política respecto a los indio-americanos (24 enero, 1983 (citado en Sanders, supra nota 32, en las págs.56-58).

[35]   Report on the International Covenant on Civil and Political Rights, S. Exec. Doc. No. 102-23, 31 I.L.M. 645, 649 (1992).

[36] Se utiliza la traducción normal de Convención cuando se extrae directamente de los textos en inglés utilizados en EEUU, pero la traducción común utilizada en los diferentes textos en castellano al respecto, se refiere a la palabra Pacto, según ha sido expuesta a través de todo este escrito.

[37], Report on the International Covenant on Civil and Political Rights, supra nota 36, en la pág. 645.

[38] Id, en la pág. 650.

[39] Id.

[40] Para información adicional sobre las reservas presentadas por EEUU, véase Comentario General aprobado por el Comité de Derechos Humanos con arreglo al párrafo 4 del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Doc. NNUU CCPR/C21/Rev.1/Add.6 (11 de nov. de 1994)

[41] Dentro de la dimensión interna del derecho a la libre determinación cualquier persona en Puerto Rico que entienda que el asunto es uno domestico de EEUU, podría observar compatibilidad de dicho reclamo con la utilización de los instrumentos provistos a nivel internacional. Dichos instrumentos y los organismos internacionales que los supervisan, funcionan como facilitadores de la percepción arriba señalada, en la cual se indica que el respeto a los derechos humanos no puede dejarse al arbitrio de las mayorías intra-estatales que erigen los mecanismos constitucionales internos para delinear hasta donde llegar en cuanto a la observancia de los mencionados derechos.

[42] Véase e.g., discurso Presidente de EEUU, Barack Obama, del 15 de junio del 2011 en su visita a Puerto Rico, disponible en http://www.elnuevodia.com/unhistoricocelaje-992280.html (última visita,16 de ene. de 2012); Mensaje del Presidente de EEUU enviado a la Juramentación de Luis G. Fortuño, 2 de enero del 2009, disponible en http://www.envivopr.com/2009/01/mensaje-del-gobernador-luis-fortu-una-vez juramenta-su-cargo (última visita 15 de ago. de 2013); Carta dirigida al Presidente de la Asamblea General por la Representante Permanente de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas, Doc. NNUU A/63/831, (24 de abr. de 2009).

[43] Entre los años 1964 y 1967 se creó la Comisión de Status (STACOM), que motivó una serie de eventos que culminaron con una consulta de estatus en el año 1967, sin que ocurriera cambio alguno. Véase Ángel Israel Rivera, Poder social versus poder electoral: En la Autorderminación nacional de Puerto Rico 8  (2001), en donde el Dr. Rivera comenta como “James Rowe, Presidente de la STACOM y confidente político del Presidente Johnson, le escribió a éste que el informe de la comisión era uno seguro porque el mismo no recomendaba ni al Congreso ni al Presidente que se hiciera nada en especifico en cuanto al asunto del status de Puerto Rico); Posterior a ello transcurrieron la década de los setenta (70) y ochentas (80), con los acostumbrados ofrecimientos y acercamientos partidistas al tema, pero solo para efectos de la base político-ideológica de sus respectivas colectividades, pero en cierto modo, alejándose de los mismo a la hora de recabar apoyo general para lograr conseguir alguna pluralidad de votos que les impulsara a la administración de la cosa pública. En las páginas 88 a la 95, del mismo escrito se relatan algunos de los eventos de mayor relevancia en dichas décadas. Entre ellos se destacan la creación del Comité Ad-Hoc Consultivo co presidido por Luis Muñoz Marín y el Senador por Kentucky Marlow Cook, además de cómo, por ejemplo, Carlos Romero Barceló se alejaba del discurso del estatus en las elecciones del 1976, señalando que un voto por su candidatura era un voto por un mejor gobierno y no por la estadidad.

[44] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Diciembre 16, 1966, 95-20 I.L.M. 368, 999 UNTS 171.

[45] Guimón, supra nota 25, en la pág. 29.

[46] Id. en la  pág. 36 (refiriéndose a las palabras de Erasmo de Rotterdam 1466-1538).

[47] Id. en la pág. 30 (énfasis suplido).

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